Internacional

Ahora la Corte Suprema falla contra la regulación ambiental

La corte se pone del lado de los estados republicanos ya que el fallo representa un momento histórico en el esfuerzo de la derecha por desmantelar el 'estado regulador'

Washington, D.C. – (Agencias) En otro fallo controvertido, la Corte Suprema de Estados Unidos se ha puesto de lado de los gobiernos estatales republicanos para obstaculizar la capacidad del gobierno federal de establecer políticas públicas que abordan el cambio climático, en un fallo que tendrá ondas repercusiones en el poder regulatorio del gobierno.

La Corte, dominada por los conservadores desde la presidencia de Donald Trump, con una votación 6 a 3, optó por apoyar un caso promovido por el estado de Virginia Occidental contra la Agencia de Protección Ambienta de Estados Unidos (EPA) para que se limite en la forma de que regula la emisión de gases invernadero que emite el sector energético, lo que obstaculizaría seriamente la capacidad de Estados Unidos para evitar el desastroso calentamiento global.

La demanda, que fue respaldada por los estados de Kentucky y Texas, dos estados gobernados por los republicanos, fue muy inusual porque se baso en el Plan de Energías Limpias de la era de Obama para reducir las emisiones de las centrales eléctricas de carbón que nunca entró en vigor. La actual administración trato de que se desestimara por infundado debido a que el plan se abandonó y no se ha vuelto a habla de él.

Lo increíble en este caso, es que no solo se trata de una legislación inexistente, que nunca entró en vigor y que habrían establecido obligaciones que hubieran tenido que cumplir de todos modos en el sector energético. La Corte Suprema abordó lo que parece ser una pregunta jurídica técnica: ¿tiene la Agencia de Protección Ambiental autoridad para calcular los objetivos de emisiones de CO 2 de las centrales eléctricas basándose en técnicas de mitigación que implican procesos que van más allá de “la cerca” de las plantas privadas?

La Corte, al fallar en el caso, esta usurpando la facultada otorgada en la Constitución al Poder federal y sus ramas responsables del gobierno. El artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos, limita a los tribunales federales a decidir “casos y controversias” concretas sobre los derechos de particulares. Sin embargo, este “caso” no involucra ni una disputa concreta ni los derechos específicos de ninguno de los demandantes. 

En cambio, es similar a una pregunta de examen sobre las opciones teóricamente disponibles para una agencia federal sobre cómo abordar un problema grave. Al responder a esa pregunta hipotética, el tribunal se habrá arrogado un poder ilimitado y sin precedentes para remodelar el panorama social y económico de la nación, muy por encima de su autoridad legítima.

Sin embargo, la Corte decidió ponerse del lado de Virginia Occidental, un importante estado productor de carbón, que argumentó que no se debe permitir a los “burócratas no elegidos” del EPA remodelen su economía limitando la contaminación, a pesar de que las emisiones de carbón estan ayudando al cambio climático que afecta al mundo, con inundaciones, olas de calor y sequias, además de matar a millones de personas a través del aire tóxico.

“Limitar las emisiones de dióxido de carbono a un nivel que obligue a una transición nacional a abandonar el uso del carbón para generar electricidad puede ser una ‘solución sensata a la crisis actual’”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, en la reflexión de la sentencia. “Pero no es plausible que el Congreso le diera a la EPA la autoridad para adoptar por su cuenta tal esquema regulatorio en la Sección 111(d). Una decisión de tal magnitud y consecuencia recae en el propio Congreso, o en una agencia que actúe en virtud de una clara delegación de ese órgano representativo”.

Juez John Roberts (i) y Donald Trumo (d)

Pero el fallo también podría tener consecuencias radicales en la capacidad del gobierno federal de establecer estándares y regular otras áreas, como aire y agua limpios, protección al consumidor, banca, seguridad en el lugar de trabajo y salud pública. Puede resultar un momento histórico en las ambiciones conservadoras de desmantelar el «estado regulador», eliminando las protecciones de los estadounidenses en una amplia gama de áreas.

Podría cambiar fundamentalmente lo que es el gobierno federal y lo que hace. Y, como señaló la jueza Elena Kagan en su disidencia, podría dejar las decisiones técnicas en manos de un organismo político que quizás no las entienda.