Carabanchel, España. (Agencias) La Asamblea de Vivienda de Carabanchel (AVC) denuncia que en España se siguen ejecutando desahucios pese al real decreto ley que los prohíbe.
Explican que los vacíos de esta norma jurídica dejan a miles de familias desprotegidas y con riesgos de quedar en la calle. Por esa razón, la AVC ha decidido lanzar la alerta púbica sobe las acciones de desahucios en España.
Para empezar, la AVC lanzó la alerta de que “pese a la pandemia y la ola de frío, el 22 de enero, a las 10:30 am se presentará en la calle Zarapitos 26 una patrulla de la policía municipal, una comisión judicial y unos abogados con el objeto de ejecutar el desahucio de la casa en la que lleva residenciada Dolores desde 1978″.
Según denuncian los activistas de esta organización social, Dolores es una anciana de 77 años a la que se pretende desalojar del apartamento donde ha vivido durante 42 años porque, según indican, se atrasó durante dos meses en el pago del agua y la comunidad.
«Dolores lleva 42 años pagando alquiler todos los meses. Ella tiene una pensión de 650 euros y paga un alquiler de cerca 400 euros, así que hace grandes esfuerzos por pagar ese alquiler, y lo único es que durante dos meses de 2018 no pagó la comunidad ni pagó el agua, que deben ser unos 100 euros”, explicó Daniel Vega, miembro de la AVC
“Después abonó esa parte, pero ya era demasiado tarde porque los propietarios ya habían metido la demanda en el juzgado, el desahucio siguió hacia adelante y nos encontramos en la situación que estamos ahora», dijo.
El 22 de diciembre, tras un público y tensionado debate entre el PSOE y los partidos que permitieron la investidura del presidente Pedro Sánchez, el Gobierno ordenó la paralización de los desahucios a través de un real decreto ley.
Sin embargo, los movimientos sociales denuncian que los vacíos que tiene esta norma dejan en una situación vulnerable a miles de familias.
«El real decreto ley que conseguimos que aprobase el Gobierno el 22 de diciembre solo cubre algunos tipos de desahucios, en concreto aquellos de ocupación de vivienda, algunos otros por impago de alquiler, el de familias en situación de vulnerabilidad reconocidas por servicios sociales y, al mismo tiempo, de aquellas personas que no tenga algún tipo de alternativa habitacional», indicó Vega.
Según indican estos activistas, la alternativa habitacional que le han ofrecido a Dolores desde los servicios sociales de Madrid ha sido trasladarla a un albergue.
«A Dolores no la cobija el real decreto ley porque, según servicios sociales, sí que tiene una alternativa habitacional, pero esa alternativa no es digna, no es justa. Dolores no tiene por qué aceptarla porque es perder una casa de 42 años por irse un mes a un albergue donde compartirá una habitación con 20 personas más. Dolores dijo que no quería irse al albergue porque, además, debía separarse de su nieto de 21 años con el que vive», insiste Vega.
Desde la Asamblea de Vivienda de Carabanchel explican que este intento de desahucio contra Dolores sería el tercero en menos de un año. Ya en las otras dos ocasiones, sus vecinos y los activistas del Sindicato de Inquilinos y Stop Desahucios se movilizaron para evitar que una anciana quedara en la calle. En esta oportunidad, aseguran, volverán a hacer lo mismo.
«Conseguimos que el Gobierno sacara un decreto que evita ciertos desahucios, pero vemos que eso no es suficiente y que en el día a día lo que nos estamos encontrando es que somos los movimientos sociales los que estamos intentando hacer efectivo que no echen a nadie a la calle», lamenta Vega.
