Ottawa, Canadá. – (Agencias) De acuerdo con un nuevo informe del comisionado ambiental independiente de Canadá, Jerry DeMarco, el gobierno federal no está brindado el apoyo necesario a más de 170,000 trabajadores del carbón cuyos medios de vida están en riesgo en el cambio global hacía una economía baja en combustibles fósiles.
A esta conclusión llegaron después de una serie de auditorías, presentadas el martes en el Parlamento, a las políticas climáticas del gobierno. Los informes criticaron, en conjunto, el incumplimiento del compromiso del gobierno de Justin Trudeau de apoyar a los trabajadores de combustibles fósiles durante la transición a la energía verde, de acuerdo con el diario canadiense The Toronto Star.
En 2016, el gobierno de Trudeau anunció una eliminación acelerada de la generación de electricidad tradicional a base de carbón en Canadá para 2030, una medida que afecta principalmente a los trabajadores de Alberta y Saskatchewan, pero también a Nuevo Brunswick y Nueva Escocia.
Aunque el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá fue designado como el departamento responsable para entregar la legislación de la transición justa en 2019, DeMarco dijo que “tomó la actividad hasta 2021″ y aún tiene que presentar la ley. Varios departamentos y agencias regionales utilizaron un “enfoque de negocios como de costumbre” y “se basaron en mecanismos de programas existentes que no fueron diseñados para apoyar una transición justa”, encontró el comisionado.
Cuestionaron al injusto sistema para fijar los precios a las emisiones de carbón de Canadá y cuestionaron la afirmación de Ottawa de que puede reducir significativamente la contaminación por gases de efecto invernadero a través de su plan para promover las gasolinas de hidrogeno.
“El reloj del cambio climático nunca deja de correr”, dijo el comisionado de medio ambiente Jerry DeMarco, quien subrayó el martes que Canadá tiene el “peor” desempeño en la reducción de emisiones de efecto invernadero del G7 en los últimos 30 años. “No tenemos una segunda oportunidad para hacer muchas de estas cosas”, dijo. “Nuestros hijos dependen de nosotros para hacer esto bien, no solo para descubrir más tarde por qué salió mal”.
Por su parte, el ministro del Medio Ambiente Steven Guilbeault, hablando fuera de la Cámara de los Comunes, dio la bienvenida al informe de DeMarco y estuvo ampliamente de acuerdo con sus recomendaciones. Dijo que el gobierno ya está avanzando con estrategias para apoyar a los trabajadores y está interesado en el régimen de establecimiento de precios de las emisiones de carbón de Canadá, la principal política climática del gobierno.
“Nuestro plan está funcionando, estamos abordando la contaminación y el precio (de las emisiones de carbón) es uno de los muchos elementos que estamos tomando para garantizar que los grandes emisores hagan lo que les corresponde”, dijo Guilbeault.
En los informes, DeMarco se concentró en la promesa incumplida del gobierno de 2019 para pasar la “Ley de Transición Justa” que apoyaría a los trabajadores de combustibles fósiles en el cambio a energías verdes. También señaló, que el Acuerdo de París de 2015, que Canadá fue firmante, también incluye disposiciones para apoyar a los trabajadores en esta transición que se considera necesaria y urgente para evitar los efectos extremos del cambio climático.
“Han pasado siete años desde que se dieron cuenta de que tenían que trabajar en esto. Es decepcionante ver lo lento que han estado trabajando”, dijo DeMarco, comparando los riesgos que enfrentan los aproximadamente 170.000 trabajadores de combustibles fósiles de Canadá con el colapso de la pesca de bacalao en el Atlántico en el año 1993.
Treinta mil personas perdieron sus trabajos cuando colapsó la población de bacalao en el Atlántico canadiense y el gobierno impuso una moratoria de pesca, de acuerdo con la provincia de Terranova, y, el martes, DeMarco dijo que Ottawa ignoró una recomendación posterior a este desastre de prepararse para cambios económicos similares en el futuro.
El martes, Jonathan Wikilson, un funcionario de la oficina del ministro de Recursos Naturales dijo que el gobierno sigue comprometido con la Ley de Transición, y que presentará el proyecto de la Ley al Parlamento antes de fin de año.
En una entrevista reciente con el Star, el ministro federal de Trabajo, Seamus O’Regan, dijo que no le gusta la frase «transición justa» porque «causa mucha ansiedad en los trabajadores» e implica que hay «algún complot importante aquí para… volcar todo a la industria del petróleo»-
También cuestionó las comparaciones con la pesquería de bacalao, afirmó que “en ese caso, los peces se habían ido; en este caso, el petróleo no”, y señaló el nuevo crédito fiscal del gobierno para alentar a las empresas a gastar dinero en nueva tecnología que Ottawa espera que capte y almacene las emisiones de la producción de petróleo y gas.
En el caso de las emisiones de carbón, otro informe presentado el martes, concluyó que el sistema para fijar el precio en Canadá para los pequeños consumidores es más estricto que el sistema diseñado para las industrias más contaminantes como la del cemento, fertilizantes y petróleo y gas. Esto se debe, según The Star, a que el sistema industrial solo toma a una parte de las emisiones de una fábrica para asignar el precio . El informe estableció que el precio actual del carbón industrial es tan «bajo» que socava potencialmente el principio de «quien contamina paga», que piden a los responsables de las emisiones para cubrir su costo.
También concluyó, que los grupos como las comunidades indígenas y las pequeñas empresas soportan costos desproporcionalmente altos por la asignación del precio a las emisiones de carbón y que, incluyendo, los rembolsos establecidos a través de las declaraciones fiscales anuales de las personas vulnerables no han sido entregados, así como, la lenta distribución del dinero recaudado por el impuesto destinado a ayudar a las empresas y otros grupos a reducir sus costos de energía. “No es justo que los canadienses comunes asuman una cantidad desproporcionada de la carga”, dijo DeMarco el martes.
Guilbeault dijo que el gobierno está trabajando para abordar el impacto del precio del carbón en las comunidades indígenas y está preparando un «acuerdo de equivalencia» para garantizar que los costos del precio del carbono sean más comparables en todo el país. Tal como están las cosas, las emisiones cubiertas por los precios varían desde el 54% en la Isla del Príncipe Eduardo hasta el 84% en Ontario y el 87% en Nueva Escocia, según el informe del martes.
Un tercer informe criticó al gobierno por usar «suposiciones poco realistas» para proyectar que su estrategia para promover la energía del hidrógeno, que podría ayudar a reemplazar los combustibles fósiles en el transporte y la industria pesada, podría representar el 15 % de las reducciones de emisiones de Canadá para 2030. DeMarco dijo que el gobierno calculó esto con suposiciones cuestionables, como la adopción «demasiado ambiciosa» de nuevas tecnologías y costos de electricidad «poco realistas».
El gobierno respondió el martes con el compromiso de redactar un nuevo marco para pronosticar de manera más consistente cómo las políticas podrían reducir las emisiones.
