El pasado viernes 10 de junio, fue asesinado Daniel Picazo de 31 años, quien era asesor político del partido del PAN en la Cámara de Diputados.
Con solo 31 años, el colaborador de la diputada federal panista Joanna Felipe Torres, fue interceptado por pobladores del lugar que durante la semana recibieron alertas vía WhatsApp sobre unas personas desconocidas con intención de llevarse a los niños.
Tras correrse el rumor de que el joven de 31 años era parte de esos supuestos secuestradores, un grupo vecinal en Huauchinango, Puebla; lo ataron, lo golpearon, lo rociaron con gasolina y lo quemaron vivo. Posteriormente, quemaron su vehículo.
La familia dice que debió perderse entre las comunidades de Huauchinango, donde fue interceptado por una turba de personas que acabó con su vida.
Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, policía estatal y Cruz Roja, quienes fueron interceptados por los violentos pobladores impidiéndoles el paso y, cuando por fin tuvieron acceso, el colaborador político ya había perdido la vida.
El cuerpo de Picazo fue entregado a su familia, luego de que las autoridades poblanas realizaran el levantamiento del cadáver, el sábado 11 de junio.
A través de un comunicado, el Gobierno Municipal, reprobó y calificó estos hechos de «aberrantes» y aseguró que las autoridades investigan lo ocurrido para determinar las responsabilidades del caso.
“Las conductas delictivas se deben juzgar bajo los procedimientos de nuestro estado de derecho, siempre vamos actuar conforme a la ley, ya que la justicia por propia mano, no es justicia, sino barbarie”.
«El mundo global de la comunicación genera este tipo de ambientes, la desconfianza en la autoridad. Yo le digo a los poblanos que regulemos nuestro comportamiento social, que hagamos un alto con este tipo de hechos para reflexionar que no puede seguir así, la autoridad está trabajando cada caso sobre violencia, delitos y desaparición de personas».
Cabe se
Dichas comunidades en Puebla, están acostumbradas a impartir justicia siguiendo sus usos y costumbres con escaso o nulo ajuste al Estado de Derecho.
El grupo parlamentario del PAN en San Lázaro, envío sus condolencias a la familia de Picazo González y exigió justicia “ante este lamentable hecho”.
