Washington, D.C. – (agencias) En las últimas horas del lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo público un documento interno usado en 2019, para instruir a los fiscales a que no se acusara al entonces presidente Donald Trump de obstrucción en la investigación del Rusiagate.
También, instruía a los fiscales a impedir que un juez logrará hacer público toda la documentación del caso. El Rusiagate puso en el banquillo de los acusados a la presidencia del país, quien se había apoyado de un gobierno extranjero, Rusia, para lograr tener ventaja en la carrera a la presidencia.
La publicación responde a la exhortación de un juez a Williams Barr, fiscal general de Trump, en particular, y al Departamento de Justicia, en general, a que explique el cómo y el por qué se ordenó no continuar con la acusación contra Trump por obstrucción en las investigaciones del abogado especia Robert S. Mueller III.
Según The Washington Post, esto alimentará y frustrará a muchos críticos de Trump, particularmente a los demócratas que durante mucho tiempo han argumentado que Barr intervino con todo los recursos del Departamento en la exoneración de Trump.
Los demócratas argumentaron en su impeachment contra Trump, que este conspiró en 2016 con Rusia para interferir en la elección presidencial. Y después, acusaron a Trump de obstruir la investigación del abogado especial Mueller.
La nota en referencia se trata de un memorándum de marzo de 2019, escrito por dos altos funcionarios del Departamento de Justicia.
En este memorándum, aseguraban que aparte de los impedimentos constitucionales para no juzgar a un presidente, las pruebas presentadas por Mueller no eran consideradas a nivel de pruebas procesales.
La jueza de Distrito, Amy Berman Jackson, a principios de este mes, emitió una aguda opinión diciendo que había leído la nota y que mostraba que Barr mintió cuando citó el documento como clave para la conclusión de inocencia de Trump.
El martes pasado, la jueza ordenó que se hicieran públicas todas las partes aún secretas en relación con el memorándum del Departamento de Estado. Aunque dio varias semanas al gobierno para presentar una apelación
También, acusó a los abogados del Departamento de engañarla sobre las discusiones internas en torno al memorándum en cuestión.
Por su parte, los abogados del Departamento respondieron en su escrito que: «En retrospectiva, el gobierno reconoce que sus escritos podrían haber sido más claros, y lamenta profundamente la confusión que causó. Pero los abogados y declarantes del gobierno no tenían la intención de engañar a la Corte».
Y solicitaron al juez que mantuviera el resto del documento bajo secrecía mientras apelaban su fallo.
Las partes de la nota revelada el lunes muestran más a fondo el porqué del enojo de la jueza. Muestran que se discutió y decidió entre los altos mandos del Departamento de Justicia la no acusación a Trump de obstruir la justicia.
El memorándum estaba dirigido a William Barr, entonces fiscal general de Estados Unidos, y fue escrito por Steven A. Engel, entonces jefe de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento y Edward O´Callaghan, entonces un alto funcionario involucrado estrechamente con la investigación de Mueller.
En la parte hecha pública, se lee: «En el transcurso de la investigación del Abogado Especial, hemos discutido previamente estos temas dentro del Departamento entre nosotros, con el Fiscal General Adjunto, y con usted desde su nombramiento, así como con el Abogado Especial y su personal. Nuestras conclusiones son el producto de esas discusiones, así como nuestra revisión del Informe».
De acuerdo con The Washington Post, durante décadas, el Departamento de Justicia, por política, ha sostenido que los presidentes en ejercicio no pueden ser acusados de un crimen.
Pero la nota demuestra que fueron más allá de un precepto constitucional. Argumentaron que “cierta conducta [de Trump] investigada por Mueller no podía, como cuestión jurídica, apoyar una acusación de obstrucción dadas las circunstancias. En consecuencia, si no hubiera una barrera constitucional apoyaríamos, bajo los principios de la Fiscalía General, que se negara dicho enjuiciamiento”.
«El departamento debe llegar a una conclusión sobre si el procesamiento está justificado», decía la nota. «El departamento presenta cargos o no. . . Ese principio no cambia simplemente porque el tema de la investigación es el presidente».
Por esa razón, Engel y O’Callaghan instaron a Barr a «determinar si el juicio sería apropiado dadas las pruebas relatadas en el Informe del Abogado Especial, la ley subyacente y los principios tradicionales de la fiscalía federal».
Barr lo hizo finalmente. Descalificó las pruebas de Mueller, siguiendo la guía expuesta en la nota.
«El Fiscal General no sólo estaba mintiendo entonces, sino que el Departamento de Justicia ha mentido con respecto a la existencia de un proceso de toma de decisiones que debería ser protegido por el privilegio del proceso deliberativo», concluyó Jackson.
También consideró la juez que las afirmaciones hechas por el departamento para tratar de proteger la nota del escrutinio público «son tan inconsistentes con las pruebas en el expediente, que no son dignas de credibilidad».
Y agregó que el departamento trató de «ocultar» que se había propuesto crear una justificación legal para una decisión que los líderes del departamento ya habían tomado: no acusar al presidente de un delito.
