South Bend, Indianápolis. – (Agencias) Tras la terrible historia de la niña que fue violada dos veces y que tuvo que salir de Ohio, su estado de residencia, para abortar, ya que su embarazo, producto del ataque, había rebasado el límite permitido de seis semanas, se encuentra la historia de la doctora que realizó la interrupción legal en Indiana.
Caitlin Bernard, la doctora que practicó el aborto a la niña de 10 años cuya historia atrajo la atención nacional, ha sido una doctora amenazada desde antes y su nombre se encuentra en un sitio web antiaborto vinculado a Amy Coney Barrett, antes de ser ministra de la Suprema Corte de Estados Unido nombrada por el expresidente Donald Trump.
Bernard, que testificó el año pasado en un juicio relacionado con las restricciones del aborto legal, se vio obligada a dejar de realizar los abortos de 12 semanas en la clínica South Bend, en Indiana, donde era legal. Ella dejó de hacerlos después de que la ONG Planned Parenthood, quien a su vez había sido alertada por el FBI, alertó a Bernard de una seria amenaza de secuestro a su hija.
El diario inglés The Guardian había informado, a principios de enero de este año, de que los nombres de seis proveedores de abortos legales, así como sus antecedentes educativos y sus lugares de trabajo, se enumeraron en el sitio web de un grupo extremista antiabortista llamado “Right to Life Michiana”, en una sección del sitio titulada: “Amenaza local al aborto”. Bernard se encuentra entre la lista de médicos nombrados.
Barrett había firmado en 2006, mientras trabajaba como profesora en Notre Dame, un escrito de dos páginas que fue publicado por el grupo antiabortista. En el decían que, los firmantes del escrito se “oponen al aborto a solicitud y defienden el derecho a la vida desde la fecundación hasta la hora de su muerte”.
El escrito calificaba de “bárbara” la histórica decisión que legalizó el aborto en 1973 en el caso Roe vs. Wade. El documento fue publicado en el South Bend Tribune por el St. Joseph County Right to Life, que se fusionó con Right to Life Michiana en 2020.
Bernard declaró ante el jurado que había comenzado a viajar a la clínica de South Bend una vez al mes, a partir de 2020, para realizar abortos legales de hasta de 12 semanas, pero dejó de hacer el viaje de 2.5 horas de carretera después de que se enteró de la seria amenaza de secuestro a su hija.
«Sentí que sería mejor para mí limitar mis viajes y exposición durante ese tiempo», dijo. «Me preocupaba que pudiera haber personas que pudieran identificarme durante ese viaje, así como que es una clínica muy pequeña sin privacidad para las personas que entran y salen, y por lo tanto, la gente podría verme directamente».
Bernard permanece en las listas en la web de Right for Life Michiana. Der acuerdo con los defensores del derecho al aborto legal y seguro, esta es una táctica que usan los antiabortistas que busca intimidar a médicos y personal que asiste a abortos legales y seguros, y que invita a amenazas violentas.
La historia se convirtió en el centro de una tormenta mediática, cuando el diario Indianapolis Star publicó, de manera de anécdota, cómo tres días después de la decisión de la Corte de revocar la sentencia de Roe vs. Wade, la obstetra-ginecóloga de Indianápolis recibió una llamada de un colega sobre una paciente de 10 años que había sido violada y tenía un embarazo de seis semanas y tres días y necesitaba abortar.
Después de viajar desde Ohio, donde el estado había prohibido cualquier aborto después de las seis semanas, la niña recibió la atención de la Dra. Bernard. La historia fue al inicio tratada por algunos medios conservadores y políticos republicanos con cierto escepticismo.
Kathleen DeLany, la abogada de Bernard. Emitió un comunicado el viernes diciendo que su cliente había realizado el tratamiento adecuado y no habían violado ninguna ley de privacidad del paciente al discutir el caso de la niña no identificada. Por su parte, el fiscal general de Indianápolis, el republicano Todd Rokita, ha dicho que investigaría las acciones de la Dra. Bernard, pero no sugirió que hubiese algún delito especifico.
