Puerto Moresby, Papúa Nueva Guinea. – (Agencias) De acuerdo con un informe de investigación del grupo ambientalista Global Witness, titulado “El verdadero precio del aceite de palma”, la crisis climática ya no es una proyección, sino una realidad.
Los bosques desempeñan un papel clave en la regulación del clima mundial y son fundamentales para prevenir el calentamiento global desbocado.
El principal impulsor de la deforestación es la agroindustria, y el principal culpable es la producción del aceite de palma, según el informe.
Personal de Global Witness se encubrieron para investigar sobre la creciente amenaza que enfrentan las comunidades de Papúa Nueva Guinea y los bosques tropicales por parte de las compañías aceiteras que impulsan la desforestación generalizada y abuso a los derechos humanos.
Ejecutivos de las compañías aceiteras y personal de alto nivel dijeron a los investigadores encubiertos que sobornaban a funcionarios, incluido un ministro de gobierno. Pagaron para violar las leyes laborales en la contratación infantil, y pagaron la brutalidad policiaca contra los aldeanos.
La investigación, que duró dos años, pone de manifiesto la corrupción, los abusos laborales y las practicas destructivas del medio ambiente, de una industria que está deforestando las selvas tropicales, ricas en carbono, y emitiendo gases efecto invernadero a un ritmo acelerado.
El aceite vegetal más usado del mundo ha amasado grandes fortunas, y, al mismo tiempo, ha establecido prácticas laborales y de alto impacto ambiental que están bajo el escrutinio de la comunidad mundial.
El Informe.
El informe que presentó Global Witness, contiene grabaciones de pláticas con gerentes de plantas aceiteras, que detallan la corrupción y los abusos laborales en las empresas, de los investigadores encubiertos que se hicieron pasar como comerciantes de aceite.
La investigación hizo que 17 corporaciones internacionales respondieran, incluso algunas de ellas se han comprometido a eliminar a las compañías proveedoras de aceite identificadas por el informe.
De acuerdo con el informe, «un patrón de coerción y violencia en todo Papúa Nueva Guinea ha negado a la población local el uso tradicional de los bosques como parte integral de su cultura y medios de vida».
«Enormes áreas de bosques tropicales han sido deforestadas, y mucho más sigue en riesgo a menos que se tomen medidas».
Los investigadores encubiertos grabaron a un gerente de Tobar Investment Ltd., una compañía con sede en Papúa Nueva Guinea, Edward Lamur, que dijo que su compañía se había acercado a la policía después del vandalismo a unas mil palmeras para que se enviara un mensaje a las aldeas.
Dijo que un amigo suyo era el jefe de Operaciones Especiales, y que podía llamarlo “siempre que quisiéramos ayuda”. La conversación fue grabada en secreto en una reunión por los investigadores encubiertos.
“Dieron algunos golpes”, dijo. “Ahora saben que somos los dueños”.
Esta grabación, como otras, fueron transmitidas el domingo en Gran Bretaña como parte de una historia de Channel 4 News.
El informe analiza principalmente a empresas de Malasia ubicadas en Papúa Nueva Guinea, incluidas la East New Britain Resources Group (ENBR) y Rimbunan Hijau, que han talado colectivamente decenas de miles de hectáreas de bosque en los últimos años.
Más de las tres cuartas partes del producto de las palmeras aceiteras proviene de Indonesia y Malasia. Y llegan a través de cadenas de suministros de productos para el consumidor occidental, de compañías como Colgate-Palmolive, Kellogg´s y Nestlé.
A pesar de sus políticas de No Desforestación, no Turba, y no Explotación (NDPE), proveedores de aceite de palma enlistados en la investigación venden a estos tres gigantes internacionales.
Papúa Nueva Guinea, un país empobrecido, ve su futuro económico en la producción del aceite de palma. De acuerdo con las autoridades, planean ampliar la extensión de las plantaciones de palma, diez veces más que en 2016, Más de 121,000 hectáreas.
El país también ha prometido una fuerte reducción de las emisiones de carbono de la deforestación para el mismo año, en un compromiso nacional con las Naciones Unidas.
Sin embargo, Global Witness dice que difícilmente el gobierno podrá contra los empresarios fuertemente conectados. Durante la cena de negocios, dos gerentes de la subsidiaria de ENBR presumían de la corrupción de los funcionarios para obtener permisos de tala y acceso a la tierra.
Pero también de la explotación laboral. Dijeron que tenían trabajando a niños de 10 años. “A veces rompemos las reglas para que las cosas sucedan”, dijo un gerente identificado como Bernard Lolot. En Papúa Nueva Guinea es delito emplear a menores de 16 años.
