Internacional

El asunto de la suspensión puede llegar a su fin este viernes

Escrito por Armando Lopez

Madrid, España.- (Agencias) Como era de esperarse, la primera reunión de la Mesa del Congreso cumplió, si se puede decir, con lo  que se esperaba, el asunto de la suspensión de los diputados presos como el gran escenario  del primer enfrentamiento entre los dos bloques en que se ha partido el Parlamento español, por un lado el PSOE y Unidas Podemos, y del otro el PP y Ciudadanos.

La Mesa del Congreso es el órgano de gobierno de las Cámaras, facultada para nombrar al Letrado Mayor. Los integrantes de la Mesa del Congreso en esta legislatura están distribuido entre los dos bloque que se han constituido, hasta el momento, con 5 miembros y  como fuerza mayoritaria el grupo conformado por el PSOE y Podemos, y por el otro lado la oposición esta vez conformada por el PP y Ciudadanos. La presidenta Batet ha pedido al Letrado un dictamen sobre si el Reglamento General de la Cámara es suficiente para que sean los diputados los que realicen las suspensiones.

Los partidos de la oposición en este caso se opusieron a dicho procedimiento ya que, de acuerdo a su argumento, no “hacían” falta más informes y que con la normatividad vigente la suspensión “debería” ser en automático. Ambas posiciones no tardaron en evidenciar lo profundo de sus diferencias, en un debate que se alargó tres horas y media en la primera reunión de la Mesa de gobierno del Congreso

Las posiciones de los grupos se basaron sobre dos procedimientos diferentes para la aplicación, o no, de la suspensión de los diputados catalanes presos. Por un lado para el PP y Cs, han debatido que se debe aplicar en automático el Reglamento General de la Cámara, que de acuerdo con el artículo 21, la suspensión de los parlamentarios procesados por el delito de rebelión, es automática, y debería aplicarse este jueves. Para el grupo socialista, lo establecido en el artículo 384 bis, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señala la facultad para que sea el Tribunal Supremo quien la resuelva.

El Tribunal ya había expresado su resolución contundente a la Presidenta Batet, de que sea el Congreso el que ejecute la suspensión. Lo que ha decidido la presidenta es la búsqueda de una “mayor” garantía jurídica, pedir un informe a los Letrados del Congreso sobre si el Reglamento es suficiente para que sea el Congreso quien suspenda a los diputados catalanes presos. La decisión de la presidenta Batet fue respaldada con el voto mayoritario de PSOE-Podemos y rechazada por el bloque opositor. Esto quizá retrase el proceso pero es solo cuestión de tiempo para que el Congreso lleve a cabo la suspensión.

El PP lanzaba advertencias y amenazas a Batet mientras los representantes de Ciudadanos le expresaban a Batet su “más” profunda desaprobación por dilatar la decisión.

El tomo de la amenaza del PP es grave y el camino es judicial, es que si la presidenta no ordena la suspensión de los diputados independentistas la llevarían a juicio ante el Tribunal por el delito de prevaricación, delito aplicable a una autoridad que a sabiendas dicte una resolución injusta. Ciudadanos asumió el camino político, pidió su renuncia en caso de que no ejecute la suspensión.

Ha quedado sepultada la intención de que fuera el Tribunal con la respuesta de este órgano a la Presidenta, lo que imposibilita ganar más tiempo, si eso era la intención del PSOE, en lo que pasaban las elecciones; por el otro lado, si se decide llevar a cabo ya las suspensiones el PSOE tendrá que convencer a Podemos que pidió esperar hasta el lunes.

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Armando Lopez

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