Madrid, España. – (Agencias) Tras el llamado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, de reducir el consumo de acuerdo con un plan de contingencia propuesto para un invierno sin gas ruso, España anunció que no participaría.
Quien así lo dijo fue la vicepresidenta Tercera y ministra para la transición Ecológica, Teresa Ribera, en una conferencia de prensa en la que dio a conocer la postura española. «No nos pueden exigir un sacrificio sobre el que ni siquiera nos han pedido opinión previa». El papel de España, que puede hacer de puerto europeo para la entrada del gas natural licuado, será clave y parece dispuesto a echarle una mano a Alemania, que está mucho más a merced de Putin.
Bruselas había presentado un nuevo paquete de medidas para reaccionar ante un eventual corte del suministro del combustible. Una de ellas, un racionamiento colectivo, obligatorio y lineal de hasta el 15% del consumo de gas en la Unión Europea a la que el gobierno de España considera una imposición poco eficaz e injusta.
Las familias españolas, aseguró Ribera, «pase lo que pase, no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz en sus casas» y, si bien el Ejecutivo se mostró abierto a ofrecer su apoyo y actuar con solidaridad, no lo hará de cualquier manera. Especialmente con un plan no consensuado y que parece castigar, precisamente, a quien ya había tomado medidas para evitar esta crisis.
Sacar adelante algo así no es tarea nada fácil. España, que lleva liderando desde hace un año la rebelión intentando una transformación en profundidad de todo el sistema energético, cree que la solución pasa por la revolución, no las restricciones lineales a todos. La vicepresidenta Ribera quiere otro Consejo Europeo para que los líderes aborden la cuestión enseguida, pero ya lo intentó Mario Draghi hace unas semanas para perseguir un precio limitado global al gas, y la respuesta de sus colegas fue que cualquier discusión, mejor en septiembre.
«España ha hecho los deberes en este ámbito», presumió la ministra, y lo ha hecho «de manera constante y pagando más que muchos de los socios europeos». El haber adelantado la tarea permite ser solidarios, «nos podemos sentir orgullosos de serlo», dijo, pero quieren que haya un debate «serio y honesto». En lugar de ello, el plan supone imponer soluciones «que no nos parecen ajustadas ni eficaces para lo que se pretende».
