Londres, Inglaterra. – (Agencias) Corina Larssen la examante de Juan Carlos I, ha denunciado al rey emérito español en el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales (con sede en Londres) por vigilancia ilegal en el Reino Unido, según The Financial Times.
De hecho, la denuncia se presentó el pasado mes de diciembre, pero hasta ayer no se hizo público que Larssen acusa a Juan Carlos de acoso continuado desde 2012.
En la denuncia, Larssen también describe amenazas, difamaciones y vigilancia ilícita encubierta por parte de los servicios de inteligencia españoles y agentes vinculados al rey emérito.
Según el diario británico, el equipo legal de Juan Carlos I ha negado todas las acusaciones, aunque todavía no ha presentado ninguna acusación o papel de defensa en los tribunales.
Uno de los elementos clave en el proceso judicial es la donación de 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudita a un banco suizo.
En este sentido, la fiscalía del Tribunal Supremo español está investigando si el dinero fue una comisión para la adjudicación de las obras del TGV a La Meca.
El seguimiento de este dinero reveló que después de varias transferencias terminaron en una cuenta internacional de Larsen.
En la denuncia, Larsen afirmó que el rey emérito le dio el dinero para garantizar el bienestar de su familia, pero luego cambió de opinión y exigió que los millones estuvieran disponibles a voluntad.
Según Larssen, cuando ella se negó, Juan Carlos I la acusó falsamente de robar el dinero y se dedicó a difamarla frente a su familia y sus socios comerciales.
Asimismo, Larsen afirma que esto significó una pérdida significativa de ingresos en su trabajo, que define como una «consultoría estratégica enfocada en personalidades de altos ingresos y con empresas líderes en todo el mundo».
Por esta razón, reclama una indemnización especial por daños y perjuicios. Aunque la demanda no estipula ninguna cantidad, el diario británico explica que podría ser decenas de millones de euros.
Por otro lado, la examante también pide al tribunal que prohíba al rey emérito y a sus agentes comunicarse con ella, vigilarla, hacer declaraciones difamatorias sobre ella, acosarla o acercarse a ella a menos de 150 metros de cualquiera de sus residencias.
En este sentido, explica que el exjefe del CNI Félix Sanz Roldán y otros agentes del entorno de Juan Carlos I la han sometido a vigilancia física, por lo que ha sido controlado por el coche, sus movimientos personales y han entrado en sus residencias y hackeado sus teléfonos y ordenadores.
También detalla que fue amenazada por el rey emérito, que le dijo que «las consecuencias no serán buenas, si fracasas en lo que tienes que hacer», y por Sanz Roldán, que, en una reunión en Londres en 2012, le dijo que no podía garantizar su seguridad física ni la de sus hijos.
