La Fiscalía General de la República (FGR) informó a través de un comunicado, que en la denuncia del 2020, Emilio Lozoya señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil».
«Dicha cantidad le fue entregada a Ricardo «N» por una persona de confianza del propio Emilio N, cuyo nombre es Norberto; misma cantidad que le entregó a Ricardo «N», en las instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014″.
La FGR afirma que hay al menos dos testigos que manifestaron que Ricardo Anaya y otros legisladores realizaron visitas a las oficinas de Emilio Lozoya, cuando éste era el director general de Pemex, «lo cual quedó asentado en diligencia ministeriales».
“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que puedan aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido. Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público”.
De acuerdo a los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala que, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.
