Washington, D.C. – (Agencias) El Congreso de los Estados Unidos esta a punto de aprobar otro paquete de apoyo Covid para mitigar los efectos que trajo la pandemia en los empleos y negocios.
El problema, es que el año pasado los estafadores lograron vulnerar el sistema estatal y nacional y sustrajeron, de manera fraudulenta, más de 40,000 millones de dólares de la ayuda destinada a los estadounidenses necesitados.
Por lo que la aprobación del paquete de 1.9 billones de dólares, más los 260,000 millones de dólares en seguros de desempleo que están a punto de salir, serán un jugoso negocio de los delincuentes cibernéticos, de acuerdo con Los Ángeles Times.
Estos delincuentes, incluyendo extranjeros, se hacen pasar por trabajadores desempleados por la pandemia, explotando las lagunas que tiene la ley de alivio o ley CARES del año pasado.
De acuerdo con Haywood Talcove, director ejecutivo de la firma de información LexisNexis Risk Solution, “será como Navidad” para los estafadores.
Talcove dice que el gobierno debería adoptar medidas antifraude más estrictas para verificar la autenticidad de la identificación, el historial laboral y la ubicación de los solicitantes.
«No dejaría que saliera otro centavo hasta que el gobierno ponga algunas de estas herramientas para prevenirlo».
Los expertos contra la ciberdelincuencia, algunos de ellos famosos hacker de sistemas débiles, advirtieron que mientras el gobierno se prepara para la aprobación del paquete, los estafadores se han preparado aún más.
Según funcionarios federales, de los 450,000 millones de dólares asignados el año pasado en apoyos ampliados de desempleo, los estafadores se embolsaron el 10%.
“Hay tutoriales sobre cómo hacerlo. Hay videos de YouTube”, dijo Brett Johnson, uno de los ciberdelincuentes más buscados del FBI y ahora asesor de los federales. «Han dejado todo abierto. Es un escenario de pesadilla completa”.
El paquete de ley de ayuda económica, que se encuentra ahora en el Senado para su aprobación, carece de salvaguardas específicas que aborden el problema.
Aunque el paquete de apoyo considera 2,000 millones de dólares para mejoras en los sistemas automatizados estatales y federales, no es solo para ayudar a los estados a prevenir el fraude.
El tendrá discreción para aplicar el presupuesto en gastos administrativos, mejora de infraestructura de todo el sistema, acelerar el proceso de reclamos y prevenir el fraude.
Algunos de los legisladores y expertos en ciberseguridad estan empujando para que el Senado implemente medidas antifraude más severas.
Cada estado maneja su propio sistema, y dependen en gran medida del empleador para verificar si el trabajador ha perdido su empleo.
Pero esos controles no funcionan con trabajadores de obra determinada, contratistas y trabajador por cuenta propia, que entraron en la ampliación del beneficio el año pasado.
Sofisticadas bandas internacionales de cibercriminales encontraron rápidamente que podían presentar reclamaciones falsas en todo el país con solo un nombre, fecha de nacimiento, dirección, número de seguro social y cuenta bancaria.
Según Johnson, un número de seguridad social e información personal cuesta unos 4 dólares en la web obscura. Una copia de licencia para conducir, lo que muchos estados usan como identificación, cuesta tal vez otros 25 dólares.
Muchas veces, aquellos cuyas identidades fueron robadas, no tienen idea hasta que van a reclamar la ayuda y se encuentra con que ya fue cobrada, o reciben un aviso del gobierno que deben impuestos de una ayuda que nunca recibieron.
La ley pendiente, aunque existe consenso entre los legisladores de que las protecciones y procedimientos de identificación son vitales, no considera una seguridad significativa contra el fraude.
Y es que el tiempo se agota para Biden y los demócratas. La ampliación de los beneficios aprobados el año pasado, se termina el 14 de marzo.
Si no se lograra el nuevo paquete, cerca de 10 millones de estadounidenses se quedarían sin el apoyo económico. Hay poco tiempo para hacer correcciones.
