El Instituto Nacional Electoral y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda firmaron dos anexos técnicos relacionados con el convenio de colaboración que tienen ambas instituciones, con el objetivo de establecer mecanismos de coordinación para prevenir actos u operaciones que pudieran involucrar recursos de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos en el Proceso Electoral Federal y locales concurrentes 2020-2021.
El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que las autoridades electorales, fiscalizadoras y financieras a nivel nacional construyen un entramado de colaboración para lograr que las elecciones del 2021 cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política.
A 54 días de que inicien las campañas y en medio del proceso de definición interna de candidaturas por parte de los partidos políticos e independientes, estableció que “la democracia mexicana no quiere trampas, ni opacidad en la competencia por el poder político y sí el respeto por la legalidad vigente y el compromiso con la transparencia”.
Estos anexos, especificó Lorenzo Córdova, forman parte del Convenio de Colaboración suscrito por el INE y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en septiembre de 2019.
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, señaló la fortaleza del sistema electoral mexicano, pero también reconoció los riesgos ante los cuales se mejoran los controles a partir de modelos de riesgo “axiológicamente neutrales”, mediante algoritmos matemáticos.
“Tenemos que reconocer que hay riesgos de delincuencia organizada introduciendo recursos ilícitos en las campañas electorales, particularmente en el ámbito local, acciones de peculado electoral en condicionamiento de programas sociales y el riesgo de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario e introducirlos a campañas electorales”, dijo.
Agregó que los anexos relacionados con el convenio de colaboración suscrito en 2019, servirán para fortalecer el intercambio de información, los modelos de riesgo y proporcionar aquella que sirva para sancionar a los responsables.
