El juez federal Gregorio Salazar Hernández, rechazó librar las ordenes de aprehensión en contra de los 31 académicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al determinar que operaron bajo las reglas previstas por la ley en su momento.
Señaló que los 244 millones de pesos que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico utilizó de 2014 a 2019 están amparados en la legalidad.
Anteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó 31 órdenes de aprehensión en contra de académicos y científicos el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), debido a que según la directora de la institución, María Elena Álvarez-Buylla, el presupuesto se utilizó para solventar gastos lujosos.
“Todos los hechos que involucra la fiscalía en los que se involucra el otorgamiento del financiamiento al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, de ninguna manera pueden ser analizados a la luz del derecho penal, porque la obligación del Conacyt de dotarlo de los recursos económicos para su adecuado funcionamiento, en su momento estuvieron previstos en la ley”.
La Fiscalía General de la República decidió que no apelaría a la decisión del juez federal, sin embargo, sí mantendrá abierta la indagatoria en su contra, misma que podría proceder en cualquier momento. Así que, según señalaron, la resolución del juez Gregorio Salazar, no implica cerrar el caso de presunta corrupción por parte de los 31 académicos e investigadores del Conacyt.
