Bogotá, Colombia. – (Agencias) Ismael se encontraba en su casa en Aguachica, aquel 10 de julio de 2008. Se encontraba desempleado hacía meses. Hasta ahí llegó un desconocido que le ofreció trabajo
Obviamente Ismael contesto que sí, la urgencia de trabajo lo impulsó a aceptar, y preguntó de qué se trataba.
El desconocido le contestó que iría a arreglar las cercas de una finca cercana a Río de Oro. Que necesitaba trabajadores con urgencia por al menos 15 días y que la paga sería jugosa.
El desconocido le dijo que tenía 15 minutos para decidirse. Ismael le contestó que necesitaba tiempo para preparar la maleta.
A las 3 p.m., el desconocido pasó a recogerlo en su motocicleta y se lo llevó. De acuerdo con el Consejo de Estado, “desde la ventana de la casa, una sobrina alcanzó a verlo partir con un sujeto de tez morena. Esa fue la última vez que lo vieron vivo”.
“La madre y los demás familiares esperaban confiados que regresaría una vez pasado los quince días que supuestamente duraría el trabajo”, explicó el Consejo de Estado.
Sin embargo, fueron pasado los días, las semanas, los meses y llegada la navidad, como no tenían noticias de Ismael, la familia decidió buscarlo.
La hermana de Ismael presentó una denuncia ante las autoridades de Aguachica, luego se trasladó a la Fiscalía de Ocaña, al norte de Santander, donde la remitieron al Instituto de Medicina Legal.
Casi un año después, el 18 de mayo de 2009, recibió una llamada del Instituto para que se presentara en sus instalaciones, pues habían identificado un cadáver como su hermano.
Ismael había encontrado un destino fatal. Su cuerpo mostraba varios impactos de arma de fuego, entre ellos uno en la cabeza, otro en las piernas y uno en un glúteo. Le habían puesto una pistola calibre 45 mm, tratando de hacerlo pasar por un delincuente.
Los funcionarios del Instituto le informaron que, según el Ejército colombiano, pertenecía al Frente 33 de las antiguas FARC y había caído en combate en Bucarasica, al norte de Santander, contra las tropas del Batallón de Infantería No. 15. Era un falso positivo.
De acuerdo con el Consejo de Estado, “en el informe presentado por el sargento viceprimero Orlando Vargas Burgos, señala que el día 11 de julio de 2008, a las 2;30 p.m., tuvieron un combate con miembros de las FARC, resultando muerto el soldado Miguel Anaya Pava y un sujeto NN, que posteriormente fue identificado por Medicina Legal de Ocaña, como Ismael Quintero Díaz”.
Se agregaron al informe de la Policía Judicial del CTI de la Fiscalía, 26 fotografías de la diligencia de inspección técnica realizada a los cadáveres. En una de ellas, se puede observar que el cadáver del militar asesinado estaba atrás de Ismael, lo cual hacía imposible que este hubiera matado al soldado Anaya.
Entonces Vargas Bustos trato de explicarlo, diciendo que se había llevado el combate un rango de 10 y 15 metros de distancia. Teoría que fue desacreditada una vez que se conoció el informe. Cuando los agentes del CTI inspeccionaron el cadáver, la víctima no traía puestas prendas identificadas con la guerrilla.
No tenía residuos de pólvora por lo que no acciono alguna arma. No tenía antecedentes judiciales registrados, y, como explicaron sus vecinas, durante los últimos años de su vida vivió en casa de su madre y su sobrina.
Por su parte el Estado colombiano, explicó que estaba libre de toda responsabilidad., pues se cumplió con el causal de “culpa de víctima”.
Según la respuesta de las instituciones de seguridad del estado demandadas, Ismael intentó entorpecer las acciones del Ejército y fue “asesinado para garantizar la seguridad de la Nación”.
El 10 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior de Norte de Santander encontró responsable al Ejército y al Estado colombiano.
En la sentencia, el Tribunal estableció que “la víctima no tenía ningún tipo de relación en el municipio de Bucarasica, que no había ninguna prueba que permitiera concluir que era guerrillero y que su muerte fue ambientada en terreno”.
Es la primera sentencia en el macrocaso de los 6,402 “falsos positivos” que recientemente documento la Junta Especial para la Paz, correspondientes al periodo 2002-2008.
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La madre de la víctima, quien dependía de los aportes de quien fue engañado y asesinado, recibió una millonaria indemnización, así como sus otros nueve hijos.
Además, la sobrina de Quintero, quien vivía en la misma casa con el trabajador, recibió una compensación por daños morales.
