Teherán, Irán. – (Agencias) La revuelta de las mujeres continúa en varias ciudades de Irán, en protesta por la muerte de Mahsa Amin, una mujer kurda detenida por la policía moral acusada de usar mal el hiyab y que murió bajo la custodia de esta rama de la policía. La violencia se ha extendido por las calles del país en el sexto día de las protestas.
Imágenes de videos muestran comisarías de la policía quemadas y manifestantes coreando gritos de libertad, que se han vuelto habituales en todo Irán.
La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, informó que ha habido una treintena de civiles asesinados desde el inicio de la jornada de protestas. «El pueblo iraní salió a la calle para luchar por sus derechos básicos y la dignidad humana; y el gobierno está respondiendo a estas manifestaciones pacíficas con balas», dijo en un comunicado el director de la ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam, al hacer público un informe tras seis días de protestas.
Paramilitares fallecidos
Los constantes enfrentamientos con las autoridades y la represión de parte de los Basijis, las fuerzas paramilitares, también han dejado muertos en sus fuerzas, casi una decena, según informaron las agencias estatales de noticias IRNA y Tasnim.
Los Basijis habían salido a las calles “espontáneamente” para controlar los disturbios, que también afectan a Shiraz, una urbe del noreste del país, según el relato de IRNA.
Intentos de controlar la situación
En un intento de controlar la situación, el Gobierno de Irán ha bloqueado casi por completo el internet móvil y ha limitado aplicaciones como WhatsApp e Instagram. Las autoridades han responsabilizado a las embajadas y a los servicios de inteligencia extranjeros de incitar las protestas
Amin fue detenida el martes de la pasada semana por la llamada Policía de la moral en Teherán, donde se encontraba de visita, y fue trasladada a una comisaría para asistir a «una hora de reeducación» por llevar mal el velo.
Murió tres días más tarde en un hospital adonde llegó en coma tras sufrir un ataque al corazón, que las autoridades han atribuido a problemas de salud, algo rechazado por la familia.
