Barcelona, Cataluña. – (Agencias) El 23 de septiembre de 2019, fueron detenidos 13 miembros de los Comités de Defensas de la República (CDR) en Cataluña, acusados de terrorismo y de pretender hacer actos terroristas contra el Estado español para lograr la independencia.
En un reciente artículo de Josep Casulleras Nualart, de su Diario de Guerra Judicial, en el medio catalán VilaWeb, pone al descubierto el trama de las diligencias previas 104/2017, inaccesibles a las defensas de los CDR procesados, que esconden intervenciones telefónicas y seguimientos ilegales.
De acuerdo con Casulleras, hasta hace poco se han conocido las llamadas diligencias previas 104/2017, ya que el juez español que las activó, Manuel García Castellón, las ha mantenido en secreto desde hace cuatro años.
Se desconoce cuándo se abrió esta causa, pero la defensa de los acusados de la “Operación Judas” del 23-S detenidos ha dicho a VilaWeb que quizá comenzó antes del referéndum del 1 de Octubre, por el que comenzó el largo “proces”.
Estas diligencias tuvieron un objetivo muy concreto: neutralizar a los incipientes Comités de Defensa del Referéndum, hoy Comités de Defensa de la República (CDR).
Los abogados de los trece acusado del 23-S, procesados por presuntamente pertenecer a una organización terrorista, supieron de la causa secreta apenas hace un par de meses.
Sorprendidos tras descubrir que estas diligencias son el hoyo negro de donde han salido muchos de los datos que sirvieron a la fiscalía para sus acusaciones, resultado de escuchas telefónicas y seguimientos hechos a un número grande de personas desde hace años.
Datos a los que las defensas aún hoy no han podido acceder, pese a las peticiones insistentes al juez. La respuesta siempre es negativa.
Todas la causa sumaria proviene de las diligencias 104/2017, incorporada por el juez García Castellón. Los documentos y grabaciones realizadas por la policía, a través de la intervención telefónica, seguimientos y micrófonos en los vehículos han sido utilizados como material incriminatorio.
De acuerdo con la defensa, las grabaciones presentadas estan fragmentadas sin que aparezcan en su totalidad.
Como muestra de la manipulación, la Asociación Española de la Guardia Civil pidió apersonarse como como parte acusadora en las diligencias 104/2017, justo al día siguiente de las detenciones del 23-S, según lo confirmó el diario El Mundo y VilaWeb.
Desigualdad procesal.
De acuerdo con los abogados de los procesados, debido a la fragmentación, tanto la fiscalía y el juez, sacándolos de contexto, construyen los relatos incriminatorios que les interesan. Por eso es por lo que la defensa pide tener acceso a todo el material.
En el caso de que la defensa no tuviera el accesos total para poder consultarla, serían vulnerado el principio de equidad de armas, y, en consecuencia, al derechos de defensa del procesado.
Por este motivo, la defensa ha pedido la nulidad de las actuaciones o, al menos, poder acceder a ellas devolviéndolas al punto en que se puso en marcha formalmente la investigación de la Operación Judas en 2019.
Pero las peticiones que han hecho han sido sistemáticamente desestimadas por el juez García Castellón, que mantiene esas diligencias bajo secreto de sumario, y de eso hace ya cuatro años.
La defensa denuncia que las prórrogas que ha ido haciendo sucesivamente no han sido convenientemente motivadas, y sospechan que la Audiencia española podría alargarlas indefinidamente, e incluso que no se llegara a levantar nunca el secreto de sumario.
