Internacional

Multinacional de Carlos Slim investigada por corrupción

Escrito por Armando Lopez

Madrid, España. – (Agencias) El involucramiento de empresas españolas en el caso Odebrecht, la mayor trama de corrupción en América latina, sigue saliendo a la luz pública. Hoy ha sido la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) imputada por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, como persona jurídica por el pago de sobornos por más de 82 millones de euros para lograr adjudicaciones de obra pública en Panamá.

Carlos Slim (centro)

En octubre de 2013, Bill Gates entró en la compañía como accionista de referencia con un 5,7%, ​ debido al posicionamiento de FCC en sectores ligados a sus visiones de sostenibilidad (Servicios Medioambientales y Agua). Poco después, en diciembre de ese mismo año, el financiero George Soros entró en el accionariado de la compañía con un 3%.​En diciembre de 2014, FCC realizó una ampliación de capital por importe de 1.000 millones de euros, lo que permitió la incorporación del empresario Carlos Slim como accionista mayoritario.

Bill Gate

La acusación a la constructora es por corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales por el pago de comisiones para conseguir el proyecto de construcción de dos líneas del metro y de la Ciudad de la Salud en la capital del país. Esta investigación está relacionada con el caso Odebrecht, que ha involucrado a presidentes, expresidentes, funcionarios y empresarios de América Latina.

Linea 1 Metro

A OHL, BBVA, la semi pública Defex, grandes empresas españolas imputadas en procesos penales que investigan corrupción, se suma la compañía de construcción y servicios FCC, un gigante del sector de la construcción, que trabaja en todo el mundo y que tuvo ingresos el años pasado por casi 6,000 millones de euros.

Juez Ismael Moreno

Y son sus negocios en el extranjero lo que la ha llevado a ser acusada por la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional. Según la acusación, conocida el día de ayer, altos ejecutivos de la FCC autorizaron pagos de más de 82 millones de euros en sobornos para asegurarse contratos en Panamá y se concertaron con Odebrecht, la empresa constructora brasileña que es el centro de una red de corrupción en América Latina, para desviar fondos a la caja B que la empresa brasileña usaba para comprar voluntades y pagar favores.

Al considerar que la empresas “no activó ni aplicó protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de los hechos delictivos”, el juez imputó a la empresa y a dos de sus filiales. No existía mecanismos de control, añadió el juez, ni se definió “una ética de empresa”.  Y señaló que “los indicios revelan una transgresión radical de la legalidad”. De acuerdo con el juez, las empresas “presumiblemente conocieron y participaron en la vertiginosa generación de sobrecostes” en los proyectos que tenían en Panamá. A través de varias sociedades instrumentales y de un circuito de cuentas bancarias, se usaba para pagar “actos de corrupción” que fueron encubiertos como comisiones comerciales, pero que acababan en manos de empleados públicos y funcionarios políticos.

En la investigación del juez, se incluyó el relato de la Fiscalía Anticorrupción, donde describe como FCC constituyó un consorcio con Odebrecht, 45% y 50% respectivamente, para obtener dos grandes contratos en Panamá: la construcción de la Línea 1, que costó 1,500 millones de euros, y de la línea 2, que costó más de 1,800 millones de euros. De acuerdo con Anticorrupción, las empresas usaron la compra de acero para las obras del metro para obtener fondos extras y usarlos para el pago de sobornos.

Se sobre facturó al acero con más del doble del precio tonelada y, además, aumentaron de forma ficticia las cantidades de acero necesarias para la construcción. Después ese dinero extra se desvió a distintas cuentas de sociedades pantalla, como Global Quality Steel y Sces Steel. Ya han declarado como imputados los administradores de esas empresas. De acuerdo con Anticorrupción, FCC “colaboró en el desvío de fondos hacia la sociedad caja b de Odebrecht para el pago de coimas [sobornos]”.

Mauricio Cort

Según el relato de la Fiscalía, la empresa FCC, en paralelo, pagaba comisiones a las sociedades de un abogado de nombre Mauricio Cort, una persona con la ciudadanía española y panameña, para asegurarse las adjudicaciones. Cort actuó como prestanombre y desvió dinero a los destinatarios de los sobornos, que eran funcionarios y dirigentes políticos panameños. Según el relato, las empresas de Cort eran instrumentales en su mayoría off shore, cuya función era mover el dinero entre distintas cuentas bancarias en Suiza y en el banco andorrano BPA. Esas cuentas a su vez estaban a nombre de un prestanombre de confianza de Cort.

Según adelanto el periódico español El País, la policía de Andorra llevaba tiempo investigando un contrato que firmó FCC con el abogado Cort en 2010. Según esas investigaciones, el contrato de consultoría o de servicios ocultaba en realidad un esquema de pago de sobornos para hacerse de las adjudicaciones públicas por un valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica.    

Según adelantó EL PAÍS, la Policía de Andorra lleva tiempo indagando un contrato que firmó FCC con el abogado Cort en 2010. Según esas pesquisas, el presunto contrato de consultoría o de servicios ocultaba en realidad un esquema de pago de sobornos para hacerse de adjudicaciones públicas por un valor de 434 millones de euros en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. La empresa reconoció esto hace algunos meses, cuando presentó dos denuncias, en mayo y junio pasado, sobre los acuerdos comerciales con Cort en esos cuatro países. FCC aportó varias facturas de servicios que nunca se prestaron. La Fiscalía dijo que “ninguno de estos servicios se prestó y solo se facturaron para dar cobertura a los pagos de presunta corrupción por la adjudicación de los contratos de obra civil”.

Según establece la denuncia, la empresa FCC reconoció que encontró ningun dato o rastro de esos servicios y entregó 38 facturas y transferencias al conglomerado de Cort por un importe de 82.7 millones de dólares entre 2010 y 2014. Este caso tambien forma parte de otra investigación más amplia sobre el exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla, acusado de delitos de blanqueo, cohecho y organización criminal cometida usando dos empresas mercantiles en España para el blanqueo de sobornos.

Ciudad Hospitalaria Panamá

En un documento de los aportados por FCC aparece un acuerdo con Cort por el que el abogado iba a recibir el 4% por las obras de Ciudad Hospitalaria. Es tal la complicidad y el entramado de corrupción que hasta la responsable de la asesoría jurídica de FCC, declaró a Anticorrupción en julio y aseveró que Mauricio Cort era el prestanombre del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, de acuerdo con el juez, “para el pago de comisiones exigidas por este último para permitir a FCC operar en Panamá”.

El ex presidente Ricardo Martinelli (izq) Esther Alcocer, presidenta de FCC (centro) y el exvicepresidente y exconsejero de FCC Juan Béjar (der)

Ahora deberá la empresa FCC nombrar en un plazo de cinco días un representantes por cada una de las tres empresas mercantiles imputadas, así como abogado y procurador. Según consta en el auto del juez, los directivos implicados en la red de corrupción, imputados en la cusa, ya no están laborando en la empresa, según obra con el juez. FCC no respondió a las preguntas de este diario.

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Armando Lopez

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