San Salvador, El Salvador. – (Agencias) Los presos de la cárcel de La Esperanza, mejor conocida como Mariona, en el Salvador, limpian los grafitis ligados con las maras Salvatrucha y Calle 18, bajo la vigilancia de soldados y guardias, lo que forma parte de la operación contra las pandillas que busca restaurar el orden en las barriadas de la localidad de Santo Tomás, al sur de la capital San Salvador.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró el estado de excepción e inició una cruzada contra las pandillas que controlaban amplias zonas. Durante los ocho meses del estado de excepción, la policía ha arrestado a más de 55,600 supuestos miembros de las pandillas de las maras.
Denuncias de abusos de derechos humanos
Sin embargo, las denuncias de abusos a los derechos humanos han crecido desde las organizaciones civiles. La próxima semana, un grupo de ONG, entre ellas Amnistía Internacional, presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe sobre la situación de estos detenidos.
La ONG Cristosal asegura haber registrado casi tres mil denuncias de violaciones de los derechos humanos y la muerte bajo custodia estatal de unas ochenta personas.
Tras una oleada de asesinatos atribuidos a estas pandillas violentas a finales de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó la solicitud de Bukele para establecer el estado de excepción y la suspensión de las garantías constitucionales, que ya ha tenido siete prórrogas.
