Teherán, Irán. – (Agencias) De acuerdo con los medios oficiales, las autoridades de Irán han realizado la primera ejecución de un detenido durante las protestas que estallaron en el país por la muerte de Mahsa Amini, una joven mujer que murió mientras se encontraba bajo arresto de la policía de la moral.
De acuerdo con Mizan, el sitio de noticias del poder judicial del país, el detenido, cuyo nombre era Mohsen Shekari, fue acusado de atacar a un guardia militar con un cuchillo, “produciéndole una herida que requirió una sutura de 13 puntos”, y por alterar el orden público al bloquear una calle en la capital Teherán. Fue ejecutado el jueves.
El ajusticiamiento de Shekari marca una escalada grave de la respuesta represiva del gobierno contra el movimiento de protesta, que inició tras la muerte de Amini, que, sin embargo, ha aumentado durante las últimas semanas empujado por una insatisfacción mayor contra el gobierno teocrático.
Según las organizaciones de derechos humanos, se calcula que al menos una docena de detenidos por las protestas enfrentan la pena de muerte por supuestos delitos realizados en medio de las protestas. Y advirtieron, que un número mayor de personas detenidas pudieran enfrentar la pena de muerte tras la acusación de delitos capitales.
Mahmood Amiry-Moghaddam, director del grupo Iran Human Rights con sede en Noruega, publicó: “Las autoridades iraníes han ejecutado a un manifestante, sentenciado a muerte en juicios ficticios sin el debido proceso”. Y agregó, “su nombre es #MohsenShekari. Fue ahorcado temprano esta mañana”.
Su ejecución “debe responderse con FUERTES reacciones, de lo contrario nos enfrentaremos a ejecuciones diarias de manifestantes”, escribió Amiry-Moghaddam. “Esta ejecución debe tener rápidas consecuencias prácticas a nivel internacional”.
Acusado de «moharebeh», un delito capital que significa «hacer la guerra contra Dios» en farsi, fue declarado culpable el 20 de noviembre y condenado a muerte por el Tribunal Revolucionario de Teherán, escribió el diario Mizan. Según la información, le fue denegada la solicitud de los abogados de Shekari de conmutar la sentencia. La ejecución se llevó a cabo en el contexto una huelga laboral de tres días que fue la más grande del país no vista desde el pasado siglo XX, aumentando la presión a las autoridades iraníes para que respondan.
Según la acusación, citada por Mizan, Shekari fue arrestado el 25 de septiembre pasado en el área de Sattarkhan en Teherán, donde supuestamente estaba bloqueando una calle y blandía un cuchillo. Shekari atacó a un miliciano de Basij, una milicia de voluntarios conectada con la Guardia Revolucionaria de Irán, hiriéndolo en el hombro izquierdo de una manera “que tuvo que aplicarle 13 puntos de sutura”.
De acuerdo con The Washington Post, los presos políticos suelen ser juzgados en tribunales revolucionarios, un sistema legal de vías paralelas diseñado para proteger al régimen iraní, lo que da como resultado un sistema judicial en contra de los manifestantes.
Human Rights Watch dijo el año pasado que los tribunales “regularmente no brindan juicios justos y usan confesiones probablemente obtenidas bajo tortura como evidencia en los tribunales”.
El relator especial de la ONU sobre Irán, Javaid Rehman, había declarado a Reuters a finales de noviembre que estaba preocupado por la “campaña” de sentencias de muerte que acompañaba a la represión.
Los líderes de Irán han culpado de los disturbios en curso a «instigadores extranjeros», como la CIA, sin citar pruebas. El juez que juzgó el caso de Shekari, Abolghassem Salavati, recibe el apodo de “el juez de la muerte” debido a su reputación de imponer largas penas de prisión y de muerte.
