Washington, D.C. – (Agencias) Una decisión unilateral, una traición, una “Violación adyacente”. Estas son algunas de las descripciones que las mujeres han dado al “robo furtivo”, un término usado para describir la acción de quitarse el condón durante el coito sin el consentimiento de la otras persona. Si bien las víctimas que sufren la agresión tienen claro el daño que sufren, lo que ha sido menos claro es cómo definirlo.
¿Podría hacer la ley algo al respecto? Este mes fue presentada la legislación federal que podría ofrecer no solo claridad, sino también un remedio legal para las víctimas. El proyecto de ley presentada llamaría explícitamente al sigilo como una forma de violencia sexual y crearía una vía legal para que la victimas demanden a los perpetradores por daños y perjuicios.
Un proyecto de ley por separado, llamada “el Acta del Consentimiento es la Llave”, cuyo objetivo es alentar a los Estados a que aprueben voluntariamente leyes para autorizar la reparación de daños civiles y la reparación equitativa por la eliminación no consensuada de la barrera de protección sexual, y para otros fines.
El proyecto de ley presentado por los representantes Carolyn B. Maloney, demócrata por Nueva York, Norma J. Torres y Ro Khanna, demócratas por California, responde consecuentemente a una iniciativa pionera en el estado de California aprobada en Octubre. Está ley aumentó la definición de agresión sexual en el código civil del estado, para incluir el retiro de la protección o condón sin el consentimiento verbal del otro.
En el caso del proyecto de ley federal de la Cámara de Representantes, define el sigilo como la eliminación de cualquier “barrera de protección sexual” sin el consentimiento expreso de cada persona involucrada en el acto sexual. “El sigilo es una grave violación de la autonomía, la dignidad y la confianza que se considera abuso emocional y sexual”, dice el proyecto de ley de la Cámara, titulado “Stealthing Act of 2022” (Acta de Sigilo de 2022).
Este es un paso importantes en uno de los temas más controversiales, pero ha pasado por alto lo relacionado con la autonomía corporal y los derechos reproductivos, declaró Alexandra Brodsky, abogada y autora de » Justicia sexual «. Brodsky dice temer que los jueces, los abogados y jurados no estén preparados “para reconocer la extracción no consensuada del condón como [agresión sexual] a menos que los legisladores definan explícitamente el delito», ya que existen mitos “profundamente arraigados en el sistema legal sobre las violaciones y agresión sexual.
El estudio de 2017 de Brodsky y publicado por la Universidad de Yale, “Violación Adyacente: imaginando respuestas legales a la extracción no consensuado del condón”, atrajo la atención a esta practica generalizada y su impacto, así como la manera que debe ser abordada por la ley. La asambleísta demócrata de California, Cristina García, dijo que desde que leyó el artículo de Brodsky había estado trabajando en el desarrollo de la ley.
