Con el número de expediente 119/2021, veinticuatro horas después de haber entrado en vigor, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia un juez mexicano suspendió de forma provisional este jueves “todas las consecuencias” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mismo juez que ha otorgado las últimas suspensiones otorgó ésta mediante la demanda de amparo interpuesta por dos empresas con un permiso de generación, pero de aplicación general para toda la industria.
“Los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la quejosa, sino a todos los participantes del mercado eléctrico mayorista y demás particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector”, detalló el juez Juan Pablo Gómez Fierro.
Este es el primer amparo que otorga el Poder Judicial por la reforma eléctrica que se publicó apenas el martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Según la información del expediente el principal cambio legal es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las centrales privadas de renovables y de ciclo combinado.
Se ordena revisar de forma retroactiva los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
Gómez Fierro señaó que él ya ha fallado contra disposiciones similares en la política de “confiabilidad” que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en mayo pasado y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales en febrero.
“Esta medida ya ha sido adoptada por este juez de distrito en diversos juicios de amparo en los que se han reclamado regulaciones similares a la legislación cuya suspensión se solicita y se estima adecuada para proteger los derechos a la libre competencia y con concurrencia en los mercados”, expuso.
Apenas el miércoles, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) anunció que “una buena cantidad de empresas” ya alistaban amparos contra la reforma porque viola la libre competencia y la irretroactividad de la ley que protege la Constitución.
Los argumentos por los industriales informaron que la reforma causará un sobrecosto de 60.000 millones de pesos (casi 2.870 millones de dólares) porque la electricidad generada por la CFE cuesta más del doble de los privados.
La oposición en el Congreso y algunos gobernadores han anunciado que presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte.
Posterior a esta suspensión provisional, el Congreso y el Ejecutivo pueden impugnar con una queja ante un tribunal colegiado, que tendría 48 horas para resolver.AMLO
