A través de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) debe entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) toda la información sobre el caso de Pío López Obrador.
Esto, relacionado con el caso de un vídeo que se difundió en agosto de 2020 en LatinUS (pero grabado el 16 de junio de 2015) en el que se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibir dinero en efectivo de manos de David León.
Al resolver un recurso promovido por el INE ante la negativa de la FGR de darle acceso a la investigación, la mayoría de los magistrados le confirieron la razón al INE. A lo largo de varios meses, este organismo ha recibido la negativa de la FGR de obtener una copia certificada de la carpeta de investigación, instancia que ha esgrimido como argumento para la negativa de que esta indagatoria se encuentra regida bajo el secreto ministerial.
La magistrada ponente, Mónica Soto, argumentaba que el diferendo tenía un origen penal y, por lo tanto, no había competencia del TEPJF.
“No es que me oponga a que el INE obtenga la información, pero no es por la vía electoral, sino por medio de los tribunales ordinarios. El INE tiene que buscar la respuesta que quiere, pero en esta ocasión no es competencia ni jurisdicción de esta Sala Superior que, sí somos última instancia, pero no en materia penal”.
La magistrada Janine Otálora cuestionó que se argumentara la falta de competencia del TEPJF en la materia porque el tema involucraba claramente a la materia electoral.
“Le asiste la razón al INE porque el acceso a la información que resulte idónea y necesaria para el ejercicio de las atribuciones que de manera expresa le han sido conferidas por la Constitución en materia de fiscalización, tiene sustento en la interpretación sistemática y funcional de la normativa a efecto de dotarlo de herramientas necesarias que hagan efectiva sus facultades”.
Aseveró, que debe existir colaboración entre autoridades ministeriales y electorales para salvaguardar un bien público, como es la certeza y transparencia en el ejercicio de los recursos a efecto de hacer efectivo el combate a la corrupción y contrarrestar la opacidad en el manejo de recursos por parte de los partidos políticos y de los candidatos.
El magistrado José Luis Vargas Valdez dijo que la pretensión de exigir a las fiscalías de la “entrega inexcusable” de información contenida en carpetas de investigación, viola la legislación que regula la actuación de dichas fiscalías.
El magistrado pidió desechar ya una tesis de la Sala Superior, que data de 2004, que mandata un deber de colaboración “sin restricción alguna” del Ministerio Público federal con la autoridad electoral en materia de fiscalización.
