Quebec, Canadá. – (Agencias) Su pasado lo alcanzó. La pareja de alemanes. Helmut Oberlander y su esposa, desembarcaron del Arosa Kulm en Quebec, Canadá, en 1954, y comenzaron a construir su nueva vida en el país que los recibía.
La pareja se estableció en Waterloo, Ontario, donde Oberlander se convirtió en un exitoso desarrollador de bienes raíces, de acuerdo con The Washington Post.
Ahí hicieron su familia y, en 1960, los Oberlander recibieron la ciudadanía canadiense. La Segunda Guerra Mundial quedaba lejos. Sin embargo, una década después, su pasado lo alcanzó.
En la guerra, Oberlander fue intérprete de un escuadrón de la muerte itinerante de los nazis, el Einsatzkommando 10ª, que asesinó al menos a 20,000 personas en los territorios ocupados de la Europa oriental.
Canadá le retiró la ciudadanía hace 20 años por ocultar ese pasado a las autoridades de migración a su arribo.
Ahora, los fiscales están contra el tiempo para deportar al hombre de 97 años, cuyo caso de extradición es el último del país que data de la Segunda Guerra Mundial.
La batalla legal entró en una nueva y potencial fase final del proceso el martes. La Corte Federal de Canadá celebró una audiencia sobre la moción a su deportación por un “abuso en el proceso”.
El juez Denis Gascon se reservó su decisión, lo que aumentó la incertidumbre.
Por su parte, Oberlander insiste en que fue reclutado. Según él, pasó su tiempo cumpliendo tareas manuales como lustrar las botas de los oficiales y cuidar las provisiones. Nunca fue acusado de algún crimen.
De acuerdo con The Washington Post, en 2019, la familia declaró que Oberlander había sido perseguido durante 24 años injustificadamente por el gobierno de Canadá.
«El Gobierno del Canadá nunca ha presentado una pizca de pruebas contra el Sr. Oberlander. No existen tales pruebas porque nunca ha contribuido directa o indirectamente a ningún crimen», dijeron.
Para los críticos, el gobierno de Canadá comenzó la extradición demasiado tarde. Este hecho ilustra el pobre historial de Canadá para rendir cuentas de las atrocidades del Siglo XX.
El presidente del Centro Raoul Wallenberg de Derechos Humanos en Montreal y exministro de Justicia, Irving Cotler, ha seguido de cerca el proceso.
“El caso Oberlander debe verse en el contexto de una política fallida que no logró llevar a los criminales de guerra ante la justicia para empezar”, dijo el ex ministro de Justicia.
Después de la guerra, los temores de que Canadá se convirtiera en un santuario para los criminales nazis iban y venían.
En 1985, se produjeron protestas en medio de informes que criminales nazis, incluyendo a Josep Mengele, el médico que llevó a cabo terribles experimentos en los campos de exterminio, se habían logrado colar a Canadá.
El entonces primer ministro Brian Mulroney, nombró al juez Jules Deschénes para presidir una comisión que investigara.
El pánel encargado de la investigación informó, en 1986, que “más allá de una duda razonable”, Mengele nunca entró a Canadá, y desestimó como “groseramente exageradas” las declaraciones de que miles de criminales nazis habían llegado a Canadá.
Sin embargo, también establecieron que Canadá, como muchos países occidentales, no “había dedicado el mínimo esfuerzo” en su búsqueda o enjuiciamiento.
De acuerdo con el Panel, esa apatía llegaba hasta 1948. Cuando Inglaterra envió un telegrama a todos sus dominios, incluido Canadá, sugiriendo que todos los casos que involucraran a criminales de guerra nazis fueran “eliminados” antes de acabar el año.
“En nuestra opinión, el castigo a los criminales de guerra es más una cuestión de desalentar a las generaciones venideras de repartir represalias a todos los culpables”, explicaba el comunicado, pidiendo respuesta.
Canadá contestó que no tenía a ningún criminal de guerra.
Cotler, un abogado que representó al Congreso Judío Canadiense dijo que: «Aquellos de nosotros que abogamos por llevar a los criminales de guerra nazis ante la justicia sabíamos de la inacción del gobierno».
«No sabíamos hasta qué punto había habido complicidad en esa inacción».
Oberlander fue interrogado por funcionarios alemanes en Toronto en 1970 en una investigación separada de crímenes de guerra. Les dijo que no sabía el nombre de su unidad o que era responsable de ejecutar judíos.
En 2000, el juez de la Corte Federal de Canadá, Andrew MacKay, dijo que no había pruebas de que participara en esas atrocidades, pero que era «inverosímil» que desconociera el nombre de EK 10ª, su escuadrón.
MacKay, dijo que Oberlander había obtenido la ciudadanía canadiense «por información falsa u ocultándola a sabiendas de las circunstancias materiales».
El gobierno federal revocó la ciudadanía de Oberlander en 2001, 2007 y 2012. Apeló y ganó esas decisiones. En 2017, el gobierno revocó por cuarta vez la ciudadanía, y esta vez fue confirmada.
