Valencia, Comunidad Valenciana. – (Agencias) El presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, informó el sábado que existe una “base de acuerdo” con sus socios de gobierno (PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem) sobre la línea general que seguirá la reforma fiscal anunciada la semana pasada.
“Cuando hablamos de una reforma fiscal no hablamos todos el mismo lenguaje. Cuando la derecha habla de bajar impuestos, habla de bajar impuestos a aquellos que pagan más, a los que han de pagar más; pero la reforma en la que se trabaja afectará a las clases medias y trabajadoras, a quienes tienen más dificultades ante la crisis inflacionaria”, dijo al término del Seminari de Govern-Estiu 2022, celebrado en estos días en Vall d´Ebo, que sufrió un grave incendio forestal el mes de agosto, y Alcoi, unas jornadas de convivencia de los miembros del Consell.
Puig ha insistido que hay un “claro acuerdo sobre esa perspectiva” en el seno del gobierno progresista, después de que se especulara de una disidencia interna entre los partidos sobre las medidas anunciadas el pasado lunes y que habían sido consultadas con la vicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas de Compromís, también presente en la conferencia de prensa de hoy, confirmaron fuentes presentes.
Puig también señaló que la reforma fiscal estará lista en las “próximas semanas” y tendrá efecto en el momento que se apruebe la Ley de Medidas Fiscales, conocida como “Ley de acompañamiento, del Presupuesto de 2023, que deberá ser aprobado para finales del año. El Ejecutivo no ha querido revelar más detalles del contenido de la ley en la que aún se está trabajando. Solo ha dicho que el Concell ha apostado por un “proceso y de dialogo” porque la reforma tiene su complejidad.
“El consejero de Hacienda [Arcadi España] a través de los expertos y técnicos de la consejería, y escuchando a las organizaciones sindicales y a los empresarios, está elaborando una propuesta que se presentará en el momento oportuno. Queremos que tenga un efecto inmediato y positivo sobre quienes tienen más dificultades”, ha insistido.
Es posible que Puig de a conocer parte la de reforma en el próximo debate que se celebrará el próximo mes en las Cortes valencianas. De acuerdo con fuentes cercanas al Consell, el mayor margen que puede manejar el gobierno valenciano es 50% que le corresponde del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El año pasado ya se reformó para elevar la tasa impositiva a las rentas más altas, si bien, la mayor reforma del llamado Govern del Botánic se produjo en 2017 cuando se modificó el sistema heredado del gobierno derechista del Partido Popular (PP) que beneficiaba a las rentas más elevadas y perjudicaba a las medias y bajas, de acuerdo con el Consell.
La dirección de General de Tributos y Juegos de la Consejería de Hacienda señaló la semana pasada, que más de 1.3 millones de contribuyente valencianos se vieron beneficiadas por las deducciones de la Generalitat desde 2015, ahorrando unos 280 millones de euros en el IRPF. La deducción por el arrendamiento de la vivienda habitual es la que más ha generado ahorro y las más extendidas son las de nacimientos o adopción.
Aitana Mas, la vicepresidenta, por su parte, ha explicado lo “ejes fundamentales” que han acordado sobre los que gira el presupuesto 2023. Estos son: emergencia climática, la lucha contra la inflación y protección al empleo, reforzamiento de los servicios públicos y el derecho a la vivienda, mantener el proceso de industrialización de la Comunidad Valenciana y fortalecer la democracia y las instituciones autonómicas.
Serán las líneas estratégicas de los “primeros presupuestos del tercer Govern del Botànic”, según Mas. Un gobierno que descrito como “plural, sólido y cohesionado” y que aprobará sus octavos presupuestos, que “volverán a nacer del diálogo, el consenso y la empatía”, ha dicho.
