Múnich, Alemania. – (Agencias) El caso de las exportaciones ilegales de miles de fusiles a México operadas por el constructor alemán de armamento Heckler y Koch fue elevado al Tribunal Superior Federal de Alemania, máxima instancia judicial en la jurisdicción ordinaria, que examinará el caso en febrero de 2021.
«Que el Tribunal Superior Federal como máxima instancia judicial alemana revise el caso y emita un veredicto final es un éxito más de las organizaciones pacifistas y de derechos humanos», declaró el experto en desarme Jürgen Grässlin en informe del caso al cual tuvo acceso Sputnik.
La firma constructora de armas Heckler y Koch es acusada de un delito grave por exportar ilegalmente alrededor de 4.500 fusiles de asalto entre los años 2006 y 2009 a México.
La revisión del caso Heckler y Koch (H&K) tendrá lugar el 21 de febrero de 2021, en una vista oral con los dos empleados condenados de esta empresa y la procuraduría de Stuttgart.
Un empleado de H&K coordinó la distribución posterior de las armas a regiones en conflicto en este país.
«Espero que el Tribunal Superior Federal desestime la solicitud de la compañía y reconozca la obligatoriedad jurídica de las declaraciones de usuario final en las exportaciones de armas», dijo Grásslin en una declaración escrita difundida por defensores de derechos humanos alemanes.
En abril de 2010, el abogado de la ciudad alemana de Tubinga (sur), Holger Rothbauer, en representación del experto pacifista, presentó una demanda contra la empresa H&K y su gerente por violar la ley alemana de Control de Armas y la Ley de Transacciones Internacionales, que prohíbe la venta de armas alemanas a países violadores de derechos humanos.
En el año 2014, los demandantes de la firma pudieron probar en un tribunal que las armas de H&K se utilizaron en la desaparición forzada de 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, Guerrero en el sur de México, perpetrada en septiembre de aquel año y si resolver hasta la fecha.
Demanda judicial contra venta de armas
El jurista Rothbauer presentó además una demanda contra los funcionarios de la agencia alemana para el control de las exportaciones de armas.
En febrero de 2019, un Tribunal de Distrito de Stuttgart, ciudad del sur de Alemania, condenó a dos empleados de la firma H&K y a la propia empresa al pago de 3.7 millones de euros, aunque otros tres antiguos gerentes de la firma fueron absueltos.
El Tribunal de Distrito de Stuttgart declaró que las declaraciones de usuario final no eran jurídicamente vinculantes, según la reseña del caso ofrecida por la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, con sede en esa ciudad sureña del país europeo.
Sin embargo, un Tribunal de Distrito de Kiel, en el norte de Alemania, llegó a una conclusión diferente en su sentencia contra la firma SIG Sauer en la primavera de 2019, por exportación ilegal de pistolas a Colombia, vía Estados Unidos.
En este caso, el portavoz de la Campaña Para Detener el Comercio de Armas, Paul Russmann, presentó la denuncia junto con el pacifista Grässlin.
«El juicio ante el Tribunal Superior Federal BGH tiene una importancia fundamental para todo el sector armamentístico alemán», comentó a los activistas Rothbauer, desde Tubinga.
El la audiencia «se examinará cómo deben aplicarse las declaraciones de Usuario Final y hasta qué punto deben ser respetadas en futuras exportaciones de armas» desde Alemania.
Los defensores de derechos humanos estiman que sería un «éxito histórico» de este proceso si el Tribunal Superior Federal confirma la obligatoriedad jurídica de las declaraciones de Usuario Final.
Esas declaraciones son utilizadas «para autorizar exportaciones de armas desde hace seis décadas y, además, declara su inefectividad para controlar exportaciones de armas, por las prácticas engañosas que se hacen con ellas», dice el jurista.
Por su parte, Carola Hausotter, portavoz de la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, recuerda la importancia del proceso para México.
«Una sentencia consecuente enviaría un mensaje importante a las víctimas de las armas alemanas; les ofrecería la justicia que demandan y abriría la oportunidad para una investigación judicial de estos crímenes en México», dice Hausotter en el informe.
La activista destaca que no debería permitirse las exportaciones de armas a México «porque existe el riesgo de que estas puedan ser utilizadas para realizar o facilitar violaciones de derechos humanos».
Los demandante exigen que las autoridades alemanas refuercen y apliquen de forma sistemática mecanismos de control sobre el paradero y el uso que se da a las exportaciones alemanas de armas.
La sentencia se espera durante la primera mitad del año 2021.
La Coordinación es una red integrada por la Obra Pastoral para Latinoamérica Adveniat, Amnistía Internacional de Alemania, Carea; el Centro Franciscano de Desarrollo y Misión, Companer@s de México del Sur; la Iniciativa para México de Colonia y Bonn; la Obra Episcopal MISEREOR; la Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia; Pan para el Mundo, Pax Christi y la Procura Misionera de los Jesuitas, entre otras.
