Washington, D.C. – (Agencias) Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se fotografía sonriente cargando a una niña ucraniana refugiada que han huido de la terrible guerra, teniendo que abandonar casa y familia, muchos defensores de derechos humanos reclaman a su administración ayuda para sacar a decenas de miles de ciudadanos afganos desesperados por escapar del gobierno de los talibanes, ocho meses después de la desastrosa salida de Estados Unidos a la guerra más larga que han sostenido en su historia.
Esta semana, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer las acciones para acelerar el proceso de admisión de los 100,000 refugiados ucranianos establecidos en el programa decretado por Biden. Ahora, los miembros de un familiar, las organizaciones y otros grupos que residen en los Estados Unidos o Europa pueden solicitar, usando un sitio web dedicado a eso, la entrada a los Estados Unidos de una persona en específico.
Aunque el anuncio fue aplaudido por defensores de derechos humanos, que han presionado para que la administración Biden amplíe la cuota para traer más refugiados de la guerra en Ucrania, muchas organizaciones y defensores de derechos humanos han cuestionado por qué su gobierno no ha mostrado la misma urgencia para ayudar a los miles que quedaron en Afganistán, muchos de ellos trabajaron para el gobierno Estados Unidos o junto con él, durante los 20 años de la guerra más larga en su historia.
Para Adam Bates, asesor de políticas del Proyecto de Asistencia Internacional para Refugiados, “la yuxtaposición de la respuesta de la administración [Biden] a Ucrania y su respuesta a Afganistán es bastante cruda”.
El programa de Biden “Unidos por Ucrania” facilita las solicitudes de libertad condicional humanitaria, un estatus legal de 2 años que permite la estancia sin papeles en el país, después de este termino los ucranianos que deseen permanecer en el país deberán solicitar asilo u otro estatus migratorio. No tiene cuotas, implica un papeleo menos oneroso en comparación con el programa tradicional de estatus de libertad condicional, y los solicitantes tiene la seguridad de que “anticipamos que el proceso será bastante rápido”. Para ser elegibles, los refugiados ucranianos deben haber “residido en Ucrania en el momento de la invasión rusa” en febrero de 2022 o inmediatamente anterior y haber sido desplazados de sus lugares como consecuencia de ella.
De acuerdo con Bates, esto es muy parecido al enfoque que han “estado rogando” muchos grupos de militares veteranos, afganos y defensores de los refugiados afganos a la administración Biden, desde mucho antes de que Estados Unidos saliera de Afganistán.
“Por un lado, este programa Unidos por Ucrania muestra cuán rápida y eficientemente el gobierno de Estados Unidos, y la administración de Biden en particular, pueden proteger a las personas vulnerables cuando se comprometen a hacerlo”, agregó. “También demuestra que muchas de las cosas que dijo la administración para justificar no brindar protección a los afganos simplemente no eran ciertas”.
Por su parte, el gobierno de Biden dice que evacuó a más de 76,000 afganos a Estados Unidos el año pasado cuando las tropas estadounidenses y los diplomáticos salieron de Kabul y en las semanas siguientes. Desde entonces han llegado unos 2,000 afganos adicionales, dice la administración, aunque no está claro a cuántas personas ayudó a escapar el gobierno estadounidense después de que los últimos transportes militares partieran del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai.
Los números cuentan una historia más complicada. Según el Departamento de Seguridad Nacional, unas pocas semanas antes del colapso del gobierno afganos sostenido por Estados Unidos, en el mes de julio, se habían recibido unas 45,000 solicitudes de libertad condicional humanitaria de personas que no podían evacuar en un vuelo militar estadounidense.
Sin embargo, debido a que no hay recursos asignados como en el programa “Unidos por Ucrania” para facilitar las solicitudes de los afganos, sus solicitudes han inundado el sistema de libertad condicional humanitaria general del gobierno. La tarifa que deberán pagar es de 575 dólares por solicitante, o, como señala los críticos, más de lo que el Banco Mundial estima que ganaba un afgano promedio anualmente antes de la retirada de Estados Unidos.
A esto debe sumarse que también, los solicitantes, deberán demostrar que están bajo amenaza directa, de acuerdo con los defensores de derechos humanos. “Básicamente tienes que demostrar que tú, como ser humano individual, estás siendo atacado de alguna manera por los talibanes. Y eso obviamente es algo muy difícil de establecer, ya sabes, a menos que los talibanes te envíen una carta o algo así”, dijo Bates.
