Buenos Aires, Argentina. – (Agencias) Centenares de argentinos salieron el sábado 27 de agosto a las calles a respaldar a la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, días después de que dos fiscales pidieran una pena de 12 años de cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos por supuesta corrupción en la obra pública durante su Gobierno.
La exmandataria está acusada de formar parte de una asociación ilícita y de defraudar al Estado por su condición de funcionaria pública durante sus dos mandatos como presidenta entre 2007 y 2015.
El domicilio de Kirchner, ubicado en el barrio capitalino de Recoleta, amaneció con un conjunto de vallas en sus inmediaciones y un refuerzo de la seguridad policial, unas medidas dispuestas por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, encabezado por el opositor Horacio Rodríguez Larreta. Cientos de personas marcharon en Buenos Aires para protestar por la instalación de un vallado policial en torno a la vivienda de la vicepresidenta.
«Tras sortear las vallas, algunos de estos manifestantes comenzaron a arrojar piedras a un grupo de policíasque se cubrieron con escudos para evitar ser alcanzados por los proyectiles», describió La Nación. Hay cinco policías heridos y cuatro detenidos; las fuerzas de seguridad avanzaron con camiones hidrantes.
“Expreso mi más enérgico repudio a la violencia institucional desatada por el Gobierno de la Ciudad frente a una masiva manifestación de ciudadanas y ciudadanos expresándose en libertad y en democracia”, escribió el presidente de la nación, Alberto Fernández.
El 22 de agosto, el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de cárcel e inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), en el marco de la denominada causa ‘vialidad’, que investiga presuntos desvíos de fondos estatales para obra pública en la provincia de Santa Cruz entre 2007 y 2015, cuando era presidenta de la Nación.
En un reciente discurso, Fernández, a quien se la intenta condenar por liderar una supuesta asociación ilícita, realizó descargos sobre las acusaciones en su contra y aseguró que el caso constituye un «juicio al peronismo» y que su sentencia «ya está escrita». En ese sentido, el oficialismo ha denunciado una “persecución judicial y mediática” contra la vicepresidenta.
