Bruselas, Bélgica. – (Agencias) Dura derrota para España. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CE) ha aprobado el informe Cilevics, una dura crítica sobre el actuar del gobierno de España en el referéndum independentista del 1 de octubre del 2017 en Cataluña y su secuela.
El informe critica al Estado español por encarcelar y perseguir a los líderes independentistas en el exilio, así como por condenar al presidente Quim Torra y procesar a altos cargos de la Generalitat.
El texto pide la liberación de los presos políticos independentistas, que no se siga persiguiendo a los exiliados bajo Euro ordenes y que se acabe con la represión.
Además, el pleno se ha ido sumando por amplia mayoría contra todas las enmiendas presentadas por el PSOE y del PP que pretendían reducir el contenido del informe, que también ha sido aprobado con gran apoyo: 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones.
Los dos partidos españoles pretendían eliminar la referencia a la despenalización de la convocatoria de referendos; suprimir la recomendación de abandonar la persecución contra los exiliados.
Además, eliminar el punto que se refiere a los juicios contra ex altos cargos de la Generalitat y la condena contra el presidente Torra; entre otros.
El debate ha sido intenso y la mayoría de los representantes implicados han criticado la desproporción de las condenas del Tribunal Supremo español contra los presos políticos.
El informe incluye este castigo penal desproporcionado, recomienda que el gobierno español indulte a los presos políticos, deje de procesar a los exiliados con euroordenes y reforme la sedición en el código penal español para «evitar sanciones desproporcionadas a las transgresiones no violentas».
También se ha incorporado la enmienda 18, que hablaba de la necesidad de que el Estado español adoptara un compromiso para resolver las diferencias políticas. Por el contrario, la mención de la amnistía no se ha añadido como opción junto con los indultos.
Los partidos españoles del PSOE y el Partido Popular (PP) han presentado enmiendas al texto y han tratado de restar importancia a las devastadoras críticas contra España, al compararla con Turquía y la represión contra los kurdos.
Las asociaciones conservadoras de jueces españoles también han presionado en contra de la aprobación del informe, que puede ser de gran importancia en las demandas contra España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El portavoz del informe, Boris Cilevics, dijo que las sentencias contra los presos eran «claramente desproporcionadas» y no mostraban a España como una «democracia viva».
Sin embargo, Cilevicis ha argumentado que el referéndum del 1 de octubre fue «ilegal» y que los líderes catalanes «desobedeció» a los tribunales.
Por otro lado, el portavoz ha argumentado que el delito de sedición necesitaba ser reformado porque el Tribunal Supremo español había «interpretado la violencia de forma muy amplia».
«¿Puede el ejercicio de un derecho fundamental convertirse en un delito grave simplemente porque muchas personas aplican este derecho al mismo tiempo? Tengo muchas dudas», dijo.
El senador por los Pirineos Orientales, François Calvet, ha defendido la aprobación del informe en su intervención y ha dicho que se trata de una cuestión de derechos fundamentales.
Por su parte, la senadora del ERC, Laura Castel, ha defendido el 9/11 y el contenido del informe ante los intentos de los representantes españoles de torpedearlo.
Castel cree que la aprobación del texto «marca el camino hacia la justicia española» con presos políticos y exiliados y que debe seguirse para ser «aprobado por los estándares europeos».
