Madrid, España. – (Agencias) De acuerdo con la nueva fórmula de revalorización de la reforma al sistema de pensiones en España, que los vincula al Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual promediado a 12 meses, las pensiones contributivas aumentarán 2.5% para 2022.
Este lunes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó el dato adelantado del IPC de noviembre, por lo que se puede calcular el aumento anual para 2022.
Por lo que, las pensiones contributivas recibirán un aumento de 2.,5%, mientras que las mínimas y no contributivas tendrán un aumento de 3%.
Los Presupuestos Generales de 2022 recién aprobados, no contemplaban la cifra exacta porque se desconocía el dato del IPC, pero si consideró el aumento a las mínimas y no contributivas.
El IPC interanual a noviembre, según el INE, fue de 5.6%, de acuerdo con la estimación inicial. Además de tener el IPC vinculado a las pensiones, también es la medida de lo que se conoce como “paguilla”, que es la paga a las pensiones si hay desviaciones de los precios con base a la revalorización inicial de 2021.
La Ley de Garantía del Poder adquisitivo de las Pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, nombre completo de la reforma presentada en agosto, introdujo una serie de cambios que se implementarán a partir del 2022.
Actualización anualizada de la pensión
Uno de los aspecto destacados de la Ley es la revalorización anual o aumento vinculado al IPC.
Según la Ministra portavoz del Gobierno “a partir de ahora ningún pensionista tendrá que preocuparse de sus pensiones, siempre se van a poder revalorizar, y en caso de que el IPC sea negativo se mantendrán con el año anterior».
Se calcula que en 2022 la revalorización supondrá un aumento del gasto en pensiones de más de 3,000 millones de euros si la inflación ronda el 2,5 %. Si a esto añadimos la paga compensatoria que reciben los jubilados en febrero, el costo extra ascendería a unos 5.000 millones.
Financiación del sistema
Según el proyecto de la Ley, para asegurar los recursos requeridos y para no depender solamente de las cuotas obrero-patronal, el Estado aportara al Sistema Social un cantidad anual.
El año pasado el déficit de la Seguridad Social (que no equivale al déficit por pensiones, sino que contempla también otras partidas de gastos) ascendió a 19,839 millones de euros, lo que equivale al 1.8% del PIB.
La ley desaparece el “factor de sostenibilidad”, que consistía en ajustar la pensión a la esperanza de vida. Ahora, para calcularla se utilizarán las tablas de mortalidad de la población pensionada.
