Al-Markas, Cisjordania Ocupada. – (Agencias) Cuando el mundo condena la invasión rusa a Ucrania, Israel continúa despojando a los palestinos de sus tierras. Tras una invasión “legaloide”, autoridades israelíes han iniciado el mayor desalojo de tierra a los palestinos, dueños legales de la tierra.
La mañana del 11 de mayo, la familia Najjar sabía que esperar cuando un vecino grito “¡Ahí vienen las excavadoras!”. Por segunda vez en cinco meses, el ejército israelí había venido a derribar su casa. Esta vez había razones para temer la desaparición de su casa para siempre.
Después de décadas de luchar, demolición tras demolición y vuelta a reconstruir, y tras una batalla legal de 20 años, el Tribunal Supremo de Israel autorizó al ejército israelí este mes a desalojar permanentemente a 1,300 familias en la aldea de Al-Markaz, en Cisjordania, para construir un campo de tiro del ejército israelí.
Menos de una semana después del fallo del Tribunal Supremo, la casa de los Najjar fue demolida completamente, comenzando así, lo que los activistas dicen, el mayor desalojo masivo de palestinos en Cisjordania ocupada, después de la guerra de 1967, cuando miles de palestinos fueron expulsados o huyeron de los territorios conquistados por Israel.
El Tribunal no hizo caso de la documentación histórica presentada por los defensores de los palestinos, que mostraban lo que se consideraba evidencias de que la propuesta del capo de tiro, hace décadas, estaba destinada a evitar que los palestinos reclamaran las tierras, se trataba de un vil despojo.
“Tuvimos 30 minutos para sacar lo que pudimos”, dijo Yusara al-Najjar, quien nació en una cueva excavada a mano en esta misma ladera en el desierto de Negev, hace 60 años. Miró la pila de bloques rotos y metal retorcido que había sido el hogar de su familia y se limpió las manos con una palmada. “No tomó tiempo y nuestra casa se había ido, otra vez”.
Los desalojos han generado preocupación en Washington antes de la visita planeada para junio a Israel del presidente Joe Biden, en un momento de inestabilidad en el gobierno de coalición y la reciente aprobación de 4,200 unidades de vivienda en asentamientos ocupados en Cisjordania. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, aprovechó una pregunta sobre el fallo del Tribunal Superior israelí para «suplicar» a ambos lados, tanto israelíes como a palestinos, que eviten tomar medidas que aumenten las tensiones. “Esto incluye los desalojos”, dijo.
Por su parte, La Unión Europea instó a Israel a detener las demoliciones. Un panel de derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) dijo que “el traslado forzoso” de residentes equivaldría a “una grave violación de las leyes internacionales, humanitarias y de derechos humanos”.
Las Fuerzas de Defensa de Israel, dijeron a través de un comunicado que las demoliciones eran legales y eran el resultado de años de revisión del Tribunal Superior y de su decisión unánime en favor del ejército. “La Corte Suprema aceptó completamente la posición del Estado de Israel y dictaminó que los peticionarios no eran residentes permanentes del área”, señalaba el comunicado. “El tribunal también señaló que los peticionarios rechazaron cualquier intento de compromiso que se les ofreciera”.
La lucha por defender su territorio, en un área de colinas secas y onduladas al sur de la ciudad bíblica de Hebrón, comenzó en la década de 1980, cuando los funcionarios israelíes planearon el desalojo de varias áreas de Cisjordania para la construcción de campos de entrenamiento militar. Esta región de unas 3,000 a 6,000 hectáreas, conocida como Masafer Yatta en árabe y South Hebron Hill en inglés, fue designada como Zona de Tiro 918.
En su argumento legal, el ejército escribió: “La importancia vital de esta zona de tiro para las Fuerzas de Defensa de Israel se deriva del carácter topográfico único del área, que permite métodos de entrenamiento específicos para estructuras pequeñas y grandes, desde un escuadrón hasta un batallón”, informó el Times of Israel.
Sin embargo, para los activistas israelíes y palestinos, el objetivo real de las zonas de tiro es desalojar a los residentes árabes verdaderos dueños del terreno, y fortalecer el control de Israel en los territorios ocupados. Generalmente, la designación de las zonas de tiro ha dado lugar a los asentamientos israelíes que la comunidad internacional considera ilegales.
Un documento original de 1981, un acta de una reunión en 1981 encontrada recientemente por los investigadores sobre el conflicto palestino-israelí parecía apoyar esa idea. El entonces ministro de Agricultura, Ariel Sharon, posteriormente primer ministro de Israel, establecía que era importante “frenar la expansión de los aldeanos árabes de las colinas”, según un artículo del diario israelí Haaretz sobre el acta. “Tenemos interés en expandir y ampliar las zonas de tiro allí, para mantener estas áreas, que son tan vitales, en nuestras manos”.
Sin embargo, el ejército israelí argumentó que los residentes de 8 a 12 pequeñas aldeas en la Zona 918 eran pastores que vivían en tiendas de campaña y aún pasaban el invierno en “cuevas cavadas con sus manos en la piedra caliza, y no podían comprobar la propiedad”.
