Bogotá, Colombia. – (Agencias) Una investigación de Amnistía Internacional señala que la policía de Colombia utilizó el acoso sexual, la tortura y el desnudo forzado para atacar a las mujeres y personas LGBTQ+ como método para reprimir la ola nacional de protestas en 2021.
De acuerdo con la investigación, las unidades de la policía nacional y los aterradora ESMAD, los Escuadrones Movibles Antimotines, cometieron cientos de violaciones a los derechos humanos por motivo de género en la represión a las protestas.
«Después de haber documentado 28 de estos incidentes en profundidad, está claro que la violencia de género fue una herramienta de represión que la policía nacional utilizó para castigar a quienes se atrevieron a hablar y protestar», dijo Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía, al diario inglés The Guardian.
El informe de Amnistía Internacional refuerza las investigaciones de las ONG de derechos humanos locales, incluida Temblores, un organismo con sede en Bogotá, que descubrió que los policías dijeron explícitamente a las mujeres que protestaban que deberían haberse quedado en la cocina en ligar de andar expresando sus opiniones políticas en las calles.
Temblores descubrió casos en que las mujeres fueron separadas de los manifestantes hombres, llevadas a edificios oscuros lejos de los centros policiales y violadas por grupos de policías, descubrió Temblores.
El estallido social de 2021, que se expresó en una huelga nacional, fue la respuesta a una reforma fiscal profundamente impopular, pero se incendió cuando la brutal represión de las fuerzas policiales se ejerció contra protestas generalmente pacíficas.
La brutalidad policial provocó una ola de descontento que se extendió rápidamente a pueblos y ciudades desde el Atlántico hasta los Andes y creó un movimiento de oposición pública de una escala sin precedentes en las últimas décadas.
A pesar de la retirada de la reforma fiscal, los disturbios públicos siguieron durante meses, alimentados por la ira que producía el uso de fuego real por parte de la policía para dispersar a las multitudes, las golpizas a los manifestantes y el uso indiscriminado de balas de goma y gases lacrimógenos. Al menos 38 civiles fueron asesinados por las fuerzas estatales, la mayoría por disparos, según la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia.
Cientos más fueron detenidos arbitrariamente por las fuerzas de seguridad, que a menudo dispararon gases lacrimógenos y balas de goma contra casas y negocios donde ese tipo de uso es ilegal, dijo Temblores, que aportó datos a la investigación de Amnistía.
De acuerdo con la investigadora de Temblores, Lina Porras, los agentes de policía usaron la cobertura de la noche contra los manifestantes, secuestrándolos y golpeándolos en sus vecindarios locales. La violencia de género asustó a las personas para que se quedaran en casa, pero también fue una manifestación de las opiniones de género conservadoras de la fuerza policial, agregó Porras.
«Estos no fueron incidentes aislados, esta fue una respuesta institucional patriarcal de las fuerzas de seguridad pública que ve los cuerpos de las mujeres como objetos de disciplina, una forma de proyectar poder y objeto de violencia sexual», dijo Porras.
Amnistía Internacional recibió cientos de denuncias de violencia de género en las principales ciudades, pero sólo tuvo capacidad para investigar exhaustivamente 28. «Esto es solo la punta del iceberg de la violencia sexual», dijo Callamard. «No estamos hablando de un pequeño número de incidentes, estamos hablando de un patrón».
Las fuerzas estatales también atacaron a afrocolombianos y comunidades indígenas, defensores de los derechos humanos, personas LGBTIQ+ y periodistas en represalias por desafiar las normas sociales de género, concluyó el informe de Amnistía.
A pesar de los llamamientos de la ONU y otros observadores internacionales para garantizar que los culpables de los abusos contra los derechos humanos rindan cuentas, el sistema de justicia de Colombia no ha investigado suficientemente los informes, ha manifestado Amnistía.
Sólo un caso, relacionado con la violación de una joven por dos agentes de policía varones, ha sido llevado a los tribunales, y resultó en su suspensión, no en cargos criminales. Muchas sobrevivientes de violencia sexual no presentaron denuncias por temor a que ello diera lugar a represalias por parte de sus victimarios.
