La Araucaranía, Chile. – (Agencias) Tras el envió de efectivos militares a la zona mapuche por parte del gobierno del izquierdista Gabriel Boric, un centenar de indígenas de esa etnia se concentraron frente a la cárcel de Temuco, en la región de La Araucaranía, en apoyo a sus compañeros prisioneros a los que consideran presos políticos. Los mapuches llevan décadas reclamando la devolución de tierras que afirman, les fueron arrebatadas, y que en su mayoría están en manos de empresas forestales y agricultores individuales.
Víctor Ancalaf, uno de los líderes de la protesta, aseguró este miércoles que existe aún la voluntad de diálogo con el Gobierno que lidera el izquierdista Gabriel Boric, pero advirtió que en ningún caso será posible mientras el Ejército esté desplegado y haya sobre la mesa lo que llamó «fusiles manchados de sangre»
«Bueno, es un golpe de estado, porque nos recuerda al año 73 donde los militares salieron a la calle, y no salieron a repartir dulces, salieron a reprimir al pueblo, y eso es lo que nos hace recordar, y un mensaje para la ministra (del interior), [Iskia] Shiches, que si ella quiere retomar las conversaciones con las comunidades en resistencia obviamente tiene que partir por sacar las metralletas de la mesa y ponerse a conversar como corresponde.»
El gobierno de Gabriel Boric asegura que el despliegue de patrullas militares en la región desde el martes por la noche es una respuesta a la creciente violencia vinculada con las reivindicaciones territoriales del grupo indígena mapuche.
Con dos meses en el poder, el presidente de Chile, Gabriel Boric, le dio un giro a su estrategia para abordar un problema histórico que, hasta ahora, ningún gobierno ha logrado resolver. Férreo opositor del despliegue de militares en las zonas de conflicto en el sur de Chile, Boric decidió esta semana su militarización.
Lo hizo decretando un estado de excepción «acotado» que en la práctica implica la autorización para que militares custodien rutas y carreteras en la región de La Araucanía y en las vecinas provincias de Arauco y Biobío, epicentro de una crisis de seguridad que se ha agravado en las últimas semanas.
«Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas, hemos sido testigos de cobardes ataques», dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, la noche del lunes.
«También hemos visto cortes extendidos de carreteras, que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país», agregó, refiriéndose a las movilizaciones de transportistas exigiendo mayores medidas de seguridad.
En diálogo con BBC Mundo, Fernando Pairican, historiador y académico de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile, dijo que hay un sector del movimiento mapuche que ha decidido recurrir a la violencia para reivindicar sus demandas.
«Existen dos corrientes. Una vía rupturista que busca la autodeterminación, que está por fuera del Estado, y que busca lograr la autonomía del control territorial. La otra es una vía gradualista que para conseguir autonomía ocupa los espacios institucionales».
Quienes viven en aquellos territorios han tenido que soportar permanentemente con cortes de caminos, quema de camiones, disparos de encapuchados, tomas de propiedades y operativospolicialesen comunidades castigadas por la pobreza, un escenario al que se suman denuncias de organismos internacionales sobre violaciones a los derechos humanos.
Las opiniones sobre quiénes son finalmente los responsables de la violencia se han polarizado cada vez más, mientras las autoridades intentan encontrar una fórmula que les permita conseguir un consenso político básico para avanzar en sus objetivos.
