Shamir Fernández Hernández, candidato a la alcaldía de Torreón por la coalición Morena-Partido del Trabajo, enfrenta una situación difícil en su carrera política al salir a la luz que tenía un juicio de alimentos con número de expediente 1742/2015, promovido por Estefanía Hernández Mata en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, poniendo en riesgo sus aspiraciones.
El artículo 314 del Código Penal de Coahuila establece sanciones para los deudores alimentarios, incluyendo prisión y la privación de derechos familiares.
Además, el artículo 308 de la Ley de Familia establece criterios estrictos para la inclusión en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos.
Según el Instituto Nacional Electoral, los deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales no están calificados para ser candidatos en las elecciones, una normativa que busca asegurar comportamientos ejemplares en los aspirantes a cargos públicos.
Shamir Fernández presuntamente quería pagar una pensión alimenticia de 300 pesos como parte de sus ingresos como notario público, y habría ocultado información financiera para no dar más a la madre de su hijo y al mismo infante.
Según fuentes cercanas al candidato, éste habría llegado a un acuerdo con la persona afectada para evitar denuncias y asegurar que su participación en la contienda electoral no se viera afectada.
Es decir, tuvo que pagar, pero no para cumplir con su compromiso, sino para poder seguir aspirando a ser alcalde de Torreón.
