Barcelona, Cataluña. – (Agencias) Cuatro expresidentes, funcionarios de alto nivel, delegados del gobierno en el exterior de la Generalitat tienen que pagar una fianza solidaria por 5.4 millones de euros, debido a supuestos gastos irregulares en el “Plan de Acción Exterior”, de 2011 a 2017, de la Generalitat.
El Plan de Acción Exterior de la Generalitat respondía a una estrategia de representación consular en el exterior por parte el gobierno catalán.
El Instituto Catalán de Hacienda (ICF) dio su aval a los acusados como garante del pago. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas rechazó la garantía del ICF para el aval de los 5.4 millones de euros de los 36 funcionarios involucrados.
Entre los que participaron en el Fondo creado por el gobierno catalán, se encuentran: Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Raúl Romeva , Andreu Mas-Colell y Albert Royo.
La instructora delegada del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, dijo que no se acepta esta fórmula porque sería un fraude de derecho, ya que la legislación no abarca conductas irregulares de funcionarios públicos que actúen “con pleno conocimiento de la maldad del gasto”.
Este pronunciamiento llega después de meses en que el delegado instructor intentó transferir al gobierno español la decisión, pidiéndole, en una solicitud sin precedentes, al Colegio de Abogados del Estado informara sobre la legalidad del aval del ICF.
El abogado del Estado español no quiso involucrarse y ahora el Tribunal de Cuentas ha tenido finalmente que pronunciarse.
Quienes presentaron el aval del ICF para la fianza solicitada tiene la opción de interponer un recurso en la sala de vistas, que está formado por tres consejeros: el presidente, José Manuel Suárez Robledano, propuesta del PP; María Antonia Lozano y Felipe García, propuestos por el PSOE.
Sin embargo, la opción de este recurso, que debe interponerse en un plazo de cinco días, no detiene los embargos que el Tribunal de Cuentas ha ordenado de manera inmediata.
«Vencido el plazo concedido para depositar o afirmar las supuestas responsabilidades contables, se procede al embargo de los bienes y derechos de las personas que, habiendo sido declaradas presuntas gestoras contables, prestaron estas garantías», señala Esperanza García en su resolución.
El Fondo de Solidaridad para recaudar dinero para ayudar a los perseguidos por el Tribunal de Cuentas permitió desbloquear las propiedades de Mas, Homs y Vilajoana, para que pudieran volver a servir de garantía.
El resto del dinero será aportado por los partidos -tanto ERC como Junts- y algunos de los otros afectados. Sus abogados se reúnen durante todo el día para poder ordenar los avales y presentarlos rápidamente, antes de que se ejecuten los embargos.
