Bruselas, Bélgica. – (Agencias) La Comisión Europea pretende imponer un tope de precios al petróleo ruso y restringir aún más los vínculos comerciales con Moscú con el paquete número 8 de sanciones que anunció este el miércoles la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
La última propuesta es una respuesta directa a los «referéndums» celebrados en cuatro regiones de Ucrania ocupadas por Rusia y al decreto de movilización parcial firmado la semana pasada por Vladimir Putin para incorporar hasta 300,000 reservistas al ejército nacional. Dichos referéndums se consideran el preludio de la anexión.
«Rusia ha escalado la invasión de Ucrania a un nuevo nivel», ha dicho la presidenta de la Comisión Europea el miércoles por la tarde. «No aceptamos la farsa de los referendos ni ningún tipo de anexión en Ucrania y estamos decididos a hacer pagar al Kremlin esta nueva escalada».
La ronda de sanciones propuesta introduciría nuevas prohibiciones de importación para mantener determinados productos rusos fuera del mercado de la Unión Europea (JUE) y privaría al Kremlin de 7,000 millones de euros de ingresos, ha asegurado von der Leyen.
También se prohibirían las exportaciones de productos fabricados en la UE, en particular la tecnología clave utilizada en el ejército ruso, como los componentes de aviación, electrónicos y químicos, a Rusia. «Estas nuevas prohibiciones de exportación debilitarán aún más la base económica de Rusia y mermarán su capacidad de modernización», ha insistido von der Leyen sin dar más detalles sobre las prohibiciones concretas.
En particular, las sanciones propuestas impedirían a los ciudadanos de la UE formar parte de los consejos de administración de las empresas estatales rusas. El caso del excanciller alemán Gerhard Schröder, que tenía vínculos con Nord Stream, Rosneft y Gazprom, suscitó este año fuertes críticas dentro y fuera de Alemania. «Rusia no debe beneficiarse de los conocimientos y la experiencia europeos», ha dicho la jefa del Ejecutivo europeo, sin mencionar a Schröder por su nombre.
Las sanciones también proporcionarían al bloque la «base legal» para aplicar el tope de precios al petróleo ruso acordado por los países del G7 a principios de este mes. Las economías de los países llamados ricos quieren imponer el tope prohibiendo a las compañías de seguros y de transporte marítimo que ayuden a Rusia a vender productos petrolíferos a precios que superen el límite acordado.
Los petroleros comerciales necesitan un seguro para cubrir los costes de incidentes que escapan a su control, como retrasos, daños a los suministros, robos o incluso guerras. Las aseguradoras con sede en la UE y el Reino Unido gozan de una posición dominante en el mercado, lo que dificulta que los petroleros rusos encuentren cobertura en otros lugares.
Como la UE ya ha establecido un embargo sobre sus importaciones nacionales de petróleo ruso por vía marítima, se supone que el tope de precios se aplica al crudo vendido a otros mercados internacionales, lo que da a la sanción una dimensión extraterritorial. «Este tope al petróleo ayudará a reducir los ingresos de Rusia y a mantener estables los mercados mundiales de la energía», ha defendido la presidenta del Consejo Europeo.
Debe ser unánime
Desde que el Kremlin inició su guerra en Ucrania el 24 de febrero, la UE ha impuesto seis rondas de sanciones a Rusia, junto con un séptimo paquete complementario para afinar su eficacia.
Las sanciones comprenden un embargo gradual de petróleo, severas restricciones al transporte marítimo y por carretera, la expulsión de los principales bancos rusos del sistema SWIFT y la suspensión de los medios de comunicación estatales acusados de difundir desinformación y propaganda a favor de la guerra.
Además, el bloque ha incluido en la lista negra a un total de 1,206 personas, entre ellas el propio Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, y 108 entidades. Von der Leyen ha dicho que el nuevo paquete, que ha calificado de «octavo», permitirá incluir en la lista negra a personas acusadas de eludir las sanciones de la UE. «Creo que esto tendrá un importante efecto disuasorio», ha defendido.
La propuesta de la Comisión será debatida y negociada por los Estados miembros antes de entrar en vigor. Como instrumento de política exterior, las sanciones requieren la unanimidad de los 27 Estados miembros y deben renovarse cada seis meses.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha mostrado cada vez más contrario a las sanciones y tiene previsto organizar una encuesta informal entre los ciudadanos para comprobar el apoyo del país.
Este tipo de encuestas, realizadas en varias ocasiones por el gobierno de Orbán desde que llegó al poder en 2010, han sido criticadas por los encuestadores y los partidos de la oposición por contener preguntas sesgadas y tendenciosas.
