Madrid, España. (Agencias) El caso del espionaje a los líderes independentistas catalanes y a políticos españoles, incluido el presidente Pedro Sánchez, a través del software espía Pegasus, conocido como el Catalangate, ha sumido a España en una “crisis de la democracia” y la seguridad nacional que solo puede abordarse con una investigación independiente, de acuerdo con destacado experto en seguridad.
El mes pasado, investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto revelaron que al menos 65 personas relacionadas con el movimiento independentista catalán habían sido atacadas con spyware entre 2017 y 2020.
Quince días después, el Gobierno español anunció que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido hackeados con Pegasus en mayo y junio del año pasado. Aunque el gobierno español intentó calmar la disputa despidiendo al jefe de espionaje del país, Paz Esteban, a principios de esta semana, el otro escándalo gemelo se niega a desvanecerse.
Ron Deibert, director de Citizen Lab, dijo que se sorprendió al descubrir que Pegasus se usaba contra objetivos políticos y sus familias, así como contra abogados y periodistas en lo que se suponía que era una sociedad «aparentemente democrática». Según sus creadores, el grupo israelí NSO, el spyware se vende solo a los gobiernos para ayudarlos a rastrear criminales y terroristas. Deibert le dijo a The Guardian que despedir a Esteban no se acercaba a abordar las inquietantes preguntas planteadas por las recientes revelaciones.
“Remover al jefe de inteligencia me parece presentar a alguien como cordero de sacrificio”, dijo. “Y no responde ninguna de las preguntas sobre quién compró el spyware, quién lo autorizó, cómo se justificó perseguir a personas que claramente no son objetivos legítimos según ningún estándar internacional razonable y que involucran graves violaciones de los derechos de privacidad. Si la intención es hacer este movimiento y esperar que el problema desaparezca, creo que es inadecuado”.
El jefe de Citizen Lab dijo que el informe del mes pasado subrayó la necesidad urgente de establecer una comisión independiente que tuviera la autoridad para investigar lo que había sucedido y sugerir reformas para evitar que vuelva a suceder.
“Creo que eso es aún más necesario ahora a la luz de los dramáticos hallazgos de que los propios teléfonos del presidente y del ministro de defensa fueron pirateados con Pegasus”, dijo Deibert. «¿Qué está sucediendo? Si yo fuera ciudadano español, estaría exigiendo que se hiciera una investigación tan imparcial. Pero parece que eso tal vez no va a suceder”.
La crisis
Hace quince días, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido del presidente Sánchez, se unió a los tres partidos de la derecha española para vetar una investigación parlamentaria sobre el escándalo Pegasus. Un portavoz del PSOE dijo que el comité del Congreso acordó que no era necesario ya que una investigación interna del Centro de Inteligencia Nacional (CIN) de España ya estaba en marcha, al igual que una investigación del defensor del pueblo.
Deibert, que estuvo en España esta semana, dijo que le sorprendió la complacencia que encontró y que le decepcionó que mucha gente en el país no pareciera tener problemas con el espionaje a los líderes catalanes.
Para muchos en España, el movimiento independentista regional, que intentó una secesión unilateral e ilegal en octubre de 2017, sigue siendo un desafío directo a la “unidad indisoluble” del país consagrada en la constitución. Para Deibert, sin embargo, el tema trasciende la política nacional.
“Le he estado diciendo a la gente que, si sacan la conclusión de que se trata de un problema catalán y tal vez pueden descartarlo como tal, o ponerlo en una pequeña caja y enmarcarlo de esa manera, están muy equivocados”, dijo. “Para mí, lo que esto ilustra es que tienes esta tecnología de vigilancia extraordinariamente poderosa, y un mercado que la proporciona que está casi completamente desregulado, siendo utilizada por gobiernos, como ilustra este caso, que no rinden cuentas y tienen grandes problemas de supervisión y responsabilidad pública. Y entonces esto es realmente una crisis de la democracia, así es como lo pienso, en España”.
Deibert también respondió a las sugerencias de que las investigaciones de Citizen Lab estaban sesgadas y se habían visto comprometidas por el hecho de que uno de sus investigadores, Elies Campo, había sido atacado con software espía debido a sus aparentes vínculos con el movimiento independentista.
El experto dijo que Campo había sido víctima de una “campaña de desprestigio con franqueza infundada y realmente escandalosa”. También dijo que le había preocupado mucho descubrir que el padre de Campo, un destacado médico, había sido atacado en su teléfono oficial proporcionado por el hospital, que habría contenido información médica confidencial. Rechazó cualquier sugerencia de que Citizen Lab tuviera motivaciones políticas o que de alguna manera estuviera en deuda con el movimiento independentista catalán.
“No somos una empresa, nunca hacemos investigaciones por encargo, somos imparciales y somos un grupo de investigación con sede en una universidad dirigido y supervisado por mí, el investigador principal, que gestiona todos los aspectos de este proyecto de principio a fin. fin”, dijo.
Si bien el gobierno español se ha negado a especular sobre quién puede ser responsable de atacar los teléfonos de Sánchez y Robles, refiriéndose solo a ataques «ilícitos» y «externos», los dedos han apuntado en dirección a Marruecos, que estaba involucrado en un tenso enfrentamiento diplomático con España cuando ocurrieron los ataques.
Una fuga de datos en el corazón de la investigación de Pegasus reveló que más de 200 números móviles españoles fueron seleccionados como posibles objetivos para la vigilancia en 2019 por un cliente de NSO Group que se cree que es Marruecos, pero Marruecos ha negado haber espiado a cualquier líder extranjero que use Pegasus, y dijo que los reporteros eran “incapaces de probar que [el país tenía] alguna relación” con NSO.
Deibert dijo que, si bien no tenía información sobre esos ataques, había dos escenarios posibles: que fuera un gobierno extranjero, posiblemente Marruecos; o que se trataba de una “agencia doméstica deshonesta” que operaba contra el estado.
“Dado lo que he visto en España, ese es un escenario completamente plausible”, dijo. “Ambos casos, ambas hipótesis, apuntan hacia la necesidad urgente de una investigación independiente e imparcial”.
