Ontario, Canadá. – (Agencias) En medio de una dura lucha contra el gobierno conservador provincial por los salarios, más de 55,000 trabajadores de la educación en Ontario abandonaron sus trabajos y se comprometieron a estallar la huelga “el tiempo que sea necesario” desafiando una nueva ley “draconiana”.
El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, que representa al personal de limpieza, la educación de la primera infancia y los trabajadores de apoyo a la educación estalló la huelga el viernes, a pesar de la legislación aprobada por la vía rápida por el conservador primer ministro de Ontario, Doug Ford, que prohíbe la huelga e impone unilateralmente un contrato a empleados.
El gobierno conservador de Ford ha dicho que no está dispuesto a ceder ante una “huelga ilegal”. “Nada importa más en este momento que hacer que los estudiantes vuelvan a las aulas y utilizaremos todas las herramientas disponibles para hacerlo”, dijo el ministro de Educación de la provincia, Stephen Lecce, a través de un comunicado.
El gobierno apresuró la aprobación de la Ley 28 a principios de la semana, donde establece una multa de 4,000 dólares canadienses (unos 2,955 dólares) a los trabajadores en huelga por día, casi el salario mensual del trabajador promedio. Además, la ley multa al sindicato con 500,000 dólares canadienses por día. El sindicato ha calculado casi 200 millones de dólares canadienses al día. Lecce ha dicho que el gobierno buscará el cobro de las multas.
También, la ley amarra a un aumento de salario anual de 2.5% para los trabajadores que ganan menos de 43,000 y el 1.5% para los que ganan más. El sindicato había pedido inicialmente 11.3% para los trabajadores, ante la alta inflación y la caída del poder adquisitivo del salario.
Las conversaciones se rompieron a principios de esta semana, incluso después de que el sindicato redujera su propuesta salarial en más de la mitad. El gobierno provincial dijo que no negociaría a menos que el sindicato cancelara su huelga prevista.
La ley también ha causado preocupación entre los grupos defensores de los derechos civiles y legisladores federales. La Ley 28, que elimina el derecho a la huelga e impone unilateralmente un contrato a los trabajadores de la educación, invocó cuando fue aprobada la cláusula de excepción de la constitución, que protege a la ley de cualquier desafío judicial y deja pocos recursos legales al sindicato.
Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, publicó un tuit que había hablado con Doug Ford el jueves y expresó su frustración porque las acciones del primer ministro provincial de Ontario fueron “incorrectas e inapropiadas”. A su vez, Ford respondió que su gobierno aprobaría la ley para “mantener las aulas abiertas y garantizar la estabilidad” para padres y estudiantes.
Sin embargo, la Asociación Canadiense de Libertades Civiles advirtió que “una pieza importante de la Carta de Derechos y Libertades está siendo destrozada ante nuestros propios ojos”, señaló que el proyecto de ley 28 rompe la norma de moderación de los gobiernos al invocar la cláusula y anteponer a otros derechos, como la libertad de expresión, libertad de religión, poniendo a estos en riesgo.
El gobierno de Ontario solicitó a la junta laboral que obligue a los trabajadores a regresar, pero Laura Walton, presidenta del consejo de la junta escolar de Cupe Ontario, dijo que el personal solo regresará a trabajar cuando se llegue a un acuerdo o los miembros decidan lo contrario. Walton también les dijo a los padres que elaboren planes de contingencia para el cuidado de los niños para la próxima semana.
